El secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), Rafael Montero, aseguró ayer que el proceso de regularización iniciado por el Gobierno central "pretende resolver un problema que difícilmente solucionará", refiriéndose a la inmigración ilegal. Según Montero, las necesidades empresariales de mano de obra siguen unos ciclos y se mostró a favor de la contratación en origen.
Montero destacó que "los empresarios no podemos resolver problemas sociales de la Administración". Además, solicitó al Ejecutivo central una mayor celeridad para resolver la legalización de los trabajadores.
UN LARGO PROCESO En este sentido, el presidente de la CEC, José Roca, indicó que este proceso puede prolongarse "entre ocho y nueve meses, aunque en algunos casos puede durar hasta dos años". Roca añadió que el empresario no dispone de este tiempo "porque necesita cubrir puestos de trabajo en tiempos determinados".
El responsable de la CEC incidió en que desde la organización han informado a todos sus asociados de los trámites que deben realizar para regularizar a sus empleados. Además, añadió que "ningún empresario quiere exponerse a los riesgos de contratar a alguien sin regularizar".
En cuanto a las obras del aeropuerto, Roca aseguró que "las leyes son tan complejas que cuatro ciudadanos pueden crear situaciones que retrasen proyectos durante años". Sin embargo, mostró su respeto por la justicia.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, se mostró sorprendido por las declaraciones de los responsables de la CEC. Calles aseguró que "es un proceso consensuado con los empresarios" y añadió que "la regularización contribuirá a que el mercado laboral se clarifique".
