El Consell indica que la Ley de Aguas "invade competencias" de la Generalitat

Un informe jurídico elaborado por órganos consultivos del Consell determina que las reformas que se pretenden introducir en la futura legislación hídrica del Ministerio de Medio Ambiente "invaden competencias constitucionales de la Generalitat Valenciana".

Se trata de un capítulo más en la pugna entre el PSOE y el PP por el control urbanístico provincial, derivado de la modificación de la Ley de Agua, tal como publicó Mediterráneo. La nueva norma del Ejecutivo socialista, ya en fase parlamentaria, traslada a las Confederaciones Hidrográficas --dependientes del Ministerio-- la facultad de "elaborar un informe preceptivo antes de iniciarse nuevas urbanizaciones que impliquen una demanda añadida de agua".

Una decisión que, según el informe jurídico del Consell, "incide" en la competencia autonómica en materia de recursos hidráulicos de cuencas enteramente valencianas --artículos 148.1.10 de la Constitución y 31.16 de l´Estatut-- y "sobre todo, en materia de ordenación del territorio y urbanismo" --artículo 148.1.3 de la Constitución y 31.9 de l´Estatut.

LIMITACIÓN DEL MINISTERIO El estudio jurídico determina que el Gobierno central "debe limitarse a otorgar o denegar" las nuevas concesiones de agua que requieran las promociones urbanísticas, pero "no es lícito autorizar o condicionar el desarrollo urbanístico, ya que ello no forma parte de la competencia estatal en materia de aguas, sino de la competencia autonómica de urbanismo".

Para el Ejecutivo valenciano, si no fuese posible abastecer los desarrollos urbanísticos con las actuales concesiones hídricas, "existen fórmulas más adecuadas para que dicho desarrollo pueda contar con agua", siempre en el ejercicio de las competencias de urbanismo de la Generalitat.

Como conclusión, el informe jurídico determina que "la escasez de agua en la Comunidad Valenciana no autoriza al Ministerio de Medio Ambiente para, en vez de solucionar dicha escasez incrementando los recursos hídricos disponibles, cercenar los posibles incrementos de la demanda hídrica mediante la invasión de competencias de la Generalitat".

Organizaciones empresariales de la provincia como los representantes del sector turístico manifestaron que la norma de Narbona puede demorar "aún más" el nuevo modelo turístico.