Los exconcejales tendrán un año de restricciones

El código de buen gobierno de los concejales del Ayuntamiento de Castellón, aprobado en el pleno del pasado jueves, establece que los ediles "se abstendrán, una vez finalizado su mandato y durante el plazo de un año, de desempeñar responsabilidades remuneradas que pudiesen implicar trato de favor en las empresas con las que hubiesen contratado en su mandato o con aquellas pertenecientes al mismo grupo de empresas".

La nueva norma precisa que los miembros de la corporación "no deberán colocarse bajo ninguna obligación financiera o de otro tipo con terceros u organizaciones que puedan influirles en el desempeño de sus responsabilidades oficiales".

Los 27 concejales se han comprometido a "abstenerse" de toda actividad privada que pueda plantear conflicto de intereses con su puesto público.

En cuanto a los insultos en los mandatos municipales, los ediles mantienen que "evitarán la descalificación y la calumnia en el juego político" y tendrán que ser capaces de "probar aquellas acusaciones que se formulen en público". Los concejales se abstendrán de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad de la Administración municipal con los intereses generales.

Respecto al ámbito de la responsabilidad, la corporación entiende que el transfuguismo constituye "un fraude a las legítimas expectativas de los electores", y considera una "práctica inadmisible". El código recoge que los grupos políticos "renunciarán a cualquier beneficio indirecto que pudieran obtener de su práctica". Cuando haya discrepancia con el partido, la dimisión "es la solución ética", añade la norma.