El secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), Rafael Montero, apuntó ayer que la economía castellonense no tiene capacidad para absorber a todos los inmigrantes en situación irregular que vengan.

Montero respondía así a las declaraciones de Encarna Barragán, de CCOO, que la víspera pidió soluciones para los 60 trabajadores detenidos en Oropesa por infracción a la Ley de Extranjería, por considerar que son necesarios para el mercado laboral, como ya anunció Mediterráneo.

Montero apuntó: "No vamos a estar en un proceso de regularización permanente", pues "nuestro mercado laboral tiene una capacidad de absorción de determinadas personas, pero no de todo el mundo que se presente".

Así, defendió el cumplimiento de la legalidad, de modo que quienes vengan lo hagan con permiso de trabajo y que se respeten los derechos laborales: "Nuestra economía no es tan elástica como para admitir a todos los que tengan que venir". En este sentido, dijo que con el proceso de regularización se ha creado un "efecto llamada" que genera "efectos perniciosos", como inseguridad ciudadana.

Por su parte, Ramón Cardona, diputado de EU-l´Entesa, consideró "injustificados" los expedientes de expulsión abiertos a estos 60 inmigrantes porque "éstos son víctimas" y recordó que "la subcontratación es una puerta abierta a la explotación ilícita de trabajadores".