El nuevo programa de la Conselleria de Sanidad para reincorporar a inmigrantes irregulares en el sistema público sanitario no cala en la provincia, donde los servicios de Urgencias siguen absorbiendo a la mayor parte de los 19.000 extranjeros que perdieron su derecho a la asistencia sanitaria hace un año, con la entrada en vigor de una orden ministerial que excluía a no regularizados.
Los números hablan por sí solos. Solo 32 de los 19.000 sin papeles que residen en Castellón han solicitado adherirse al Programa de Protección de la Salud, según fuentes de la Conselleria de Sanidad. Un plan activado desde el pasado mes de agosto que fue ideado para que parte de quienes perdieron el derecho a la asistencia la pudieran recuperar, ante el aumento de las visitas a urgencias y los riesgos que supone no tratar enfermedades contagiosas.
En el conjunto de la Comunitat, al nuevo programa se han adherido cerca de 600 personas; a los 32 de Castellón se suman 446 de Valencia y 110 de Alicante.
No obstante, pese al plan que impulsa la Generalitat, los servicios de urgencias -donde se debe atender a todas las personas que acudan- siguen siendo la primera opción para los extranjeros sin tarjeta sanitaria que necesitan atención. ¿Por qué? Desde las asociaciones de inmigrantes consultadas aseguran que “falta información. Muy poca gente sabe que existe este nuevo plan” y “hay cierta desconfianza, de que si solicitan adherirse al programa se les pueda tener más controlados, y por su situación irregular les puedan expulsar”, explica el secretario del centro islámico de Castellón, Ahmed Mohamed.
En cifras, las atenciones en Urgencias del departamento de salud de Castellón han aumentado en lo que va de año un 3,41% respecto al mismo periodo del 2012, pasando de atender 77.217 hace un año a 79.945 durante este.
SEGUROS PRIVADOS // Al margen de ir a Urgencias o de adherirse al Programa de Protección de la Salud, la otra opción que tienen los extranjeros en situación irregular para poder ser atendidos en la sanidad pública es la contratación de un seguro privado. Para ello deben suscribir un convenio que cuesta 60 euros al mes si tienen de 18 a 64 años, y 157 si exceden esa edad. Unas cantidades que, según valoraron desde los sindicatos UGT y CCOO en Castellón, “son inasumibles para personas con escasos recursos”. Por ello, aseguran, no les consta que se haya contratado ninguno de estos seguros en la provincia.
Hay que recordar que todos los menores y las mujeres embarazadas siguen formando parte del sistema de salud público. H
