Una de las grandes críticas del sector ganadero a la gestión de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, eran las trabas que su departamento ponía a la ampliación de las explotaciones. Pese a que los expedientes pendientes se siguen contando por decenas, en apenas dos semanas la Generalitat ha autorizado cinco proyectos en el interior de Castellón, el último de los cuales prevé engordar de más de 160.000 pollos anuales en la Vall d’Alba. De hecho, las organizaciones agrarias reconocen que desde la segunda mitad del año se detecta un «cambio de tendencia» y se han aprobado varios proyectos que llevaban meses --e incluso años-- paralizados por la burocracia autonómica.

El más llamativo por sus dimensiones es el referente a la ampliación de una explotación avícola en Vall d’Alba, cuya declaración de impacto ambiental publicó ayer el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Este proyecto prevé ampliar la capacidad actual, de 84.000 pollos de engorde, a un total de 163.200, para lo cual será necesario construir dos nuevas naves y un depósito, entre otras instalaciones. Durante el mes de marzo también se dio el visto bueno a tres nuevas granjas avícolas en l’Alcora, la Torre d’en Doménec y Catí, la segunda y la tercera con capacidad para 75.000 y 80.000 animales respectivamente; y otra en Rossell, en este caso para 2.500 cerdos.

Las entidades ecologistas advierten de que las grandes explotaciones intensivas, a las que las se refieren como macrogranjas, están proliferando no solo en Castellón sino en toda España, y avisan de su elevado impacto ambiental. No obstante, los profesionales del sector señalan que la provincia llega tarde a una modernización que es «necesaria» para garantizar la viabilidad económica de las empresas. Así lo explicó el responsable de Ganadería de la Unió de Llauradors, Carles Parrado, que reconoció que estas autorizaciones por parte de la Conselleria se están acelerando en los últimos meses después de una legislatura muy complicada en este aspecto.

Sobre esta cuestión, el departamento de Elena Cebrián anunció durante el año pasado la contratación de dos personas en el departamento que se encarga de dar el visto bueno a los proyectos ganaderos, pero Parrado también manifestó que «posiblemente» la cercanía de las elecciones autonómicas pueda influir en este cambio de criterio, que definió como «político». Fuentes de Conselleria negaron ayer que el ritmo de tramitaciones haya variado.

NORMATIVA OBSOLETA // Pese a la aprobación de estos cinco proyectos, los sindicatos agrarios mantienen que el número de expedientes pendientes sigue siendo elevado, y que la mayoría están en zonas afectadas por la despoblación. Parrado aseguró que es clave actualizar la normativa de declaraciones de impacto ambiental, que obliga a realizar este trámite en explotaciones avícolas de más de 10.000 animales --prácticamente todas--, mientras en Cataluña o Aragón no es necesario si no se superan los 55.000.