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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La Diputación colaborará con la Justicia y entregará información sobre Carlos Fabra al juzgado

El juez requiere documentación a la institución provincial, así como al PP y al Registro Mercantil

La Diputación colaborará con la Justicia y entregará información sobre Carlos Fabra al juzgado

La Diputación Provincial de Castellón ha enviado un comunicado este jueves en el que asegura que colaborará con la Justicia, "como no podía ser de otra forma", en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón en la causa que investiga si el expresidente de la institución provincial, Carlos Fabra, presuntamente ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia por la que le condenaron por cuatro delitos fiscales.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anunció este miércoles que, entre otras resoluciones, el juez ha reclamado información a la Diputación de Castellón sobre los años en los que estuvo presidida por Carlos Fabra, si bien los servicios jurídicos de la institución provincial aún no han recibido el requerimiento del juez instructor. El juzgado también solicitará información al Partido Popular y al Registro Mercantil, según el TSJCV.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado en un auto tomar declaración a 23 nuevos investigados (entre personas y empresas) en el marco del procedimiento donde se investiga si el expresidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar el pago de la multa que le fue impuesta en el caso Naranjax (1,4 millones de euros) y que le llevó a la cárcel.

Según informó el TSJ en un comunicado este miércoles, entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.

Se da la circunstancia de que algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense. De ello de desprende que pudieran haber pagado algún favor al expolítico.

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