El oasis de consenso que acostumbra a ser la Diputación de Castellón se esfumó, al menos ayer y ya van varias veces como ocurrió en la sesión de aprobación del presupuesto para este año, con el pleno extraordinario que celebró la corporación a demanda del Partido Popular y con un solo punto sobre la mesa: Petición del Grupo Popular sobre tramitación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones.

El objetivo de la sesión era el de «ganarle 10 o 15 días al pleno ordinario y aprobar las bases» de las diferentes convocatorias de ayudas recogidas en las cuentas para este año, esgrimieron desde el PP, aunque acabó únicamente en un cruce de acusaciones, en especial entre populares y socialistas, partido mayoritario este último del actual equipo de gobierno de la institución.

El PP, a través de su portavoz, Vicent Sales, cargó duramente contra el ejecutivo provincial: «Dan una sensación de pachorra a los ciudadanos que vienen pidiendo una ayuda desde el año pasado» y les instó a «darse prisa».

Un fondo del asunto, el de la celeridad que sí que compartió desde Ciudadanos Cristina Fernández, quien afirmó querer «que los planes se aprueben cuanto antes», aunque discrepó en las formas: «Así no lo vamos a conseguir».

Alcanzado su turno, el portavoz socialista, Santi Pérez, respondió que «el equipo de gobierno ya trabaja con los técnicos de la casa para tener aprobadas las diferentes bases», llegando a lanzar un decálogo de críticas hacia el Partido Popular, entre las que figuraba su voto en contra al presupuesto para 2021, el cual incluye las ayudas, así como la forma: «En pocos días tenemos un pleno ordinario donde hubieran podido presentar esta propuesta como moción».

Mientras, el diputado de Compromís, Pau Ferrando, recordó que se están siguiendo «unos procesos administrativos que hay que respetar por cuestiones de legalidad» y pidió «altura de miras».

En saco roto

Ahora bien, las formaciones acabaron coincidiendo en el sinsentido del pleno, de distinta forma pero con el mismo fondo: Fernández (Cs) criticó «no aportar nada», Ferrando (Compromís) confesó «no verle mucho sentido», Pérez (PSOE) fue más duro y lo tildó de «demagógico» e, incluso Sales (PP) lo tachó de «paripé» al convocarse finalmente sin base alguna, tal y como pretendían.

Por este motivo, los diputados que cobran por asistencia de PSOE, Ciudadanos y Compromís renunciaron a percibir los 328,50 euros correspondientes a la jornada de ayer, matizando desde la última que este gesto debe acabar en un debate «sólido» entre todos los grupos sobre la remuneración de sesiones extraordinarias.

No obstante, no secundaron la renuncia desde el PP, sobre lo que Elena Vicente-Ruiz contestó que «es un chantaje por el que no estamos dispuestos a pasar», además de acusar de «populismo barato».

Pese a todo, la propuesta apoyada por el PP fue desestimada con el voto en contra del equipo de gobierno y la abstención de Ciudadanos. Si bien, los populares trataron de recuperar su objetivo inicial, presentando minutos antes del pleno y tras una rueda de prensa una serie de bases elaboradas por ellos para algunos de los planes, proponiendo incluso suspender la sesión ya en marcha, sin lograr reacción favorable y dejando paso para finalizar la tensa sesión a una llamada del presidente provincial, José Martí, a la «medida, el consenso y el diálogo».