El Ayuntamiento de Castelló quiere penalizar la existencia de viviendas vacías en la ciudad, cuando estén en manos de grandes propietarios, razón por la cual el equipo de gobierno ha acordado aplicar un recargo del 50% del IBI, que entrará en vigor en el 2022.

La medida forma parte, como explicó ayer el concejal de Hacienda, David Donate, del paquete de reformas en materia fiscal elaborado con «criterios sociales, verdes y progresistas» aprobado en diciembre del 2020. Con su tramitación ya se apuntó a la posibilidad de establecer este correctivo «en la línea con lo indicado por la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat y con el objetivo de favorecer el acceso a inmuebles desocupados».

En el equipo de gobierno tienen la convicción de que con la aplicación del recargo, habrá una mayor «movilidad de la vivienda vacía que los grandes propietarios retienen para especular con el precio del alquiler» y de este modo, será posible establecer «precios asequibles, garantizando así el derecho constitucional al acceso a la vivienda», remarcó la edila del área, Mª Jesús Garrido.

Censo actualizado

Para que esta regulación sea viable y efectiva, el Ayuntamiento ya tiene previsto elaborar un censo de las viviendas deshabitadas existentes en Castelló, a partir del cual, definirán las que se incluyen en el perfil mencionado y por lo tanto, les aplicarán el incremento del 50%.

«La Concejalía de Vivienda ya cuenta con datos de consumos anómalos de agua potable, así como de empadronamientos»

El criterio de selección de los inmuebles está determinado, pues consideran grandes tenedores a los que poseen la titularidad de más de 10 propiedades, y se aplicará la penalización cuando las residencias llevan un año sin habitar. Para avanzar en esa investigación, la Concejalía de Vivienda ya cuenta con datos de «consumos anómalos de agua potable», así como de empadronamientos. El Ayuntamiento considera que el censo municipal es una buena herramienta para concretar qué pisos llevan más de 12 meses vacíos.

Más impuestos

Quienes se encuentren en las condiciones especificadas por el consistorio, es decir, los grandes propietarios, no solo verán incrementando el coste del IBI que pagan por los edificios, sino que además, de acuerdo con el anuncio del Ayuntamiento, podrían ver incrementados los costes de mantener sin ocupar los pisos y casas, pues tanto la Concejalía de Hacienda como la de Vivienda anunciaron ayer que van a colaborar con la Generalitat a la que le facilitarán la información sobre estos inmuebles, de manera que se estudiará «complementar el cobro del 50% del IBI urbano con el nuevo impuesto valenciano de vivienda vacía», tal y como anunciaron ayer. Con lo que los gastos a asumir podrían multiplicarse.