El Ayuntamiento de Castelló pretende tramitar todas las facturas pendientes de proveedores «cuanto antes» con el fin de abonar los importes adeudados a compañías diversas que prestan servicios al consistorio de la capital.
Así lo confirmó este viernes el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Contratación, José Luis López, pese a no poder concretar fechas ni el importe de la deuda, el cual grupos de la oposición como el PP llegan a cifrar en más de cinco millones de euros.
«Es una preocupación de hace bastantes años que arrastra el consistorio, pues la cantidad de contratos que gestiona son muchos», añadió el edil socialista. Y es que, según concretó López, el problema radica en un «endurecimiento» del mecanismo utilizado por los consistorios para abonar los importes de servicios prestados cuyo contrato se encuentre fuera de legalidad por haber caducado, el cual se denomina reconocimiento extrajudicial de créditos.
Ahora, organismos como Antifraude o el Tribunal de Cuentas reclaman a los ayuntamientos realizar un mayor número de informes para poder recurrir a esta herramienta, la cual antes resultaba más accesible. Sin embargo, el responsable de Contratación matizó que «estamos por debajo de otros años en reconocimientos extrajudiciales» y «en cuanto las fiscalizaciones nos lo permitan se tramitarán todas las facturas pendientes».
Entre ellas figuran algunas como la del servicio de ayuda domiciliaria, cuyos trabajadores se concentraron el pasado jueves en la plaza Mayor. En este caso, el edil avanzó que tratarán de llevarla a la próxima junta de gobierno prevista el jueves 5 de agosto y «si es necesario hacer un pleno extraordinario, sin duda, lo haremos», pues este sería el último paso del trámite por el que también deben pasar prestaciones como el servicio de socorrismo, entre otras.
Piden plazos
Sin embargo, el Partido Popular, a través de su portavoz en la capital de la Plana, Begoña Carrasco, volvió a reclamar al equipo de gobierno que «pasen de las lamentaciones a los hechos y den una fecha de cuándo van a pagar a los proveedores».
La popular ejemplificó que el conflicto por el impago al servicio de ayuda domiciliaria «solo es la punta del iceberg de un gran problema al que se ha llegado porque las contratas de los grandes servicios --hasta 16-- que presta el Ayuntamiento llevan caducadas en algunos casos desde el año 2016».
Una cuestión que, en línea con los argumentos planteados por el portavoz del tripartito, Carrasco explica que «se ha enquistado al poner el Tribunal de Cuentas la lupa en un procedimiento de contratación y pago que estaba fuera de la legalidad», aunque calificó el escenario actual de estos proveedores de «una falta de responsabilidad política manifiesta».
