La solución para la desokupación de los pisos de una finca de la calle Borriol número 13 de Castelló parece todavía algo lejana pese a los esfuerzos y negociación que están llevando a cabo los vecinos afectados con Solvia, la inmobiliaria que comercializa la venta de estas viviendas. Se trata del segundo edificio que en las últimas semanas ha sufrido el asalto de inquilinos ilegales, al igual que ya sucedió en un inmueble ubicado en la calle Deán Martí, aunque este ya ha sido desalojado.
Y es que fuentes de la sociedad de gestión de activos vinculados al sector inmobiliario (Sareb), propietaria de los pisos okupados de la calle Borriol, explicaron ayer a Mediterráneo que ya han denunciado este problema ante el juzgado. «Ahora dependemos del magistrado y de su celeridad, por lo que no podemos hacer nada más en este sentido», afirmaron desde la Sareb.
¿Solución definitiva?
Entretanto, y a la espera de una solución definitiva por parte de esta sociedad y de la Justicia, los residentes siguen sufriendo las molestias ocasionadas por los okupas de tres pisos (a la Sareb solamente le consta la invasión en uno de ellos).
«El pasado martes manipularon el cuadro del ascensor y se quedó una vecina encerrada en él», denunció uno de los propietarios de una vivienda ubicada en esta finca de la capital.
La situación se ha convertido en «insostenible» ya que la presencia de estas personas que no cuentan con la autorización para residir en esos pisos ni son propietarios de los mismos causa «inseguridad» entre el resto de la comunidad vecinal. «La presencia de estas personas condiciona también la venta del resto de pisos», explicó también uno de los residentes.
De hecho, la Policía Local ya tuvo que intervenir por ruidos el pasado mes de diciembre en uno de estos pisos y la situación de dos perros en una de las terrazas rodeados de excrementos y suciedad no es la más adecuada para las mascotas.
Los agentes del Ayuntamiento de Castelló solamente pueden actuar cuando se les requiera por ruidos o altercados pero no están autorizados, al igual que la Policía Nacional, a realizar ningún desalojo sin contar con una orden judicial pertinente.
