La junta de personal y comité de empresa del Ayuntamiento de Burriana aclaró ayer que su presencia en el último pleno responde a su deseo de manifestar silenciosamente, de momento, la protesta de los empleados públicos. Unos funcionarios a quienes “se quiere hacer parecer culpables de la situación de bancarrota del consistorio, pues sobre ellos está recayendo el peso de los recortes salariales, cuyo sistema de aplicación ha sido impuesto por el equipo de gobierno incumpliendo la palabra dada en mesa de negociación”, apuntan. Un sistema “que resulta lesivo para bastantes trabajadores por cuanto no resulta progresivo ni proporcional”, insisten.

Y si ello no es suficiente, remarcan, el equipo de gobierno, con el apoyo de otros grupos, han decidido también recortar a un grupo de funcionarios (los denominados integrados), un derecho adquirido años atrás y revocar unilateralmente el acuerdo plenario del 29 de abril de 1993. Este dio luz verde, por unanimidad, a que a los que hasta ese momento estaban acogidos al régimen especial de asistencia sanitaria, prestado por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, siguieran en el régimen de asistencia privada.

“Para no crear distorsiones en la relación facultativos-pacientes instaurada mucho tiempo atrás (en muchos casos, más de 25 ó 30 años); para evitar la interferencia en los tratamientos que puedan estar siguiendo actualmente los funcionarios o sus familiares y por tratarse de una parte de la plantilla, que tiene una antigüedad mínima de 18 años (en muchos de los casos es bastante más) y, porque se trata de un grupo a extinguir, es por lo que defendemos la permanencia de los funcionarios integrados en este sistema de asistencia sanitaria”, dijeron en un comunicado.

La junta de personal y comité de empresa, y con ellos el resto de compañeros, “estamos concienciados de la difícil situación por la que atravesamos, y de que todos debemos aportar nuestro grano de arena para sanear la maltrecha economía municipal”. E insisten: “Creemos que con las medidas de recorte salarial aprobadas por el Gobierno central estamos contribuyendo en la justa medida y por ello que se nos está causando un grave perjuicio, con las medidas adicionales que se han tomado y las que, suponemos, se están gestando, todas ellas tendentes a castigar los ya maltrechos derechos, dignidad y prestigio del funcionario”.