El Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) debatió también en la sesión de ayer sobre la revisión del catastro. En concreto, y a propuesta de la Comunitat Valenciana, se aprobó por unanimidad una enmienda para que se modifique el periodo de actualización. El secretario general de este ente, José Antonio Redorat, explicó que, en la actualidad, esta actualización se lleva a cabo cada cinco años, “y lo que pedimos es que se elimine este periodo y que los ayuntamientos tengan libertada para modificar la ponencia de valores a su voluntad, cuando lo consideren oportuno”.
Las causas de esta demanda se hallan “en el periodo de bonanza y de burbuja urbanística comprendido entre el 2005 y el 2007, durante el que se sobrevaloraron los precios catastrales, por lo que ahora también se pide una revisión a la baja”. Entre los municipios castellonenses que más hincapié han hecho en este tema se encuentra la Vall d’Uixó, que solicita desde hace años un cambio.
Por otra parte, en el consejo también se discutió sobre la ley de Costas y su aplicación en los chiringuitos de playa. En este tema, a propuesta de la presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, se dio luz verde, por unanimidad, a una moción dirigida a la nueva ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para pedir la paralización del desmantelamiento de los locales del Saler y Pinedo hasta que se consensúe la aplicación de esta normativa.
Hay que recordar que en esta provincia la ley de Costas también ha levantado las voces críticas de empresarios y políticos, que consideran a estos locales todo un reclamo turístico. H
