Las empresas gestoras de residuos autorizados relacionadas con la chatarra y los desguaces del Baix Maestrat denuncian la proliferación de naves pirata ubicadas en los polígonos industriales de Vinaròs y Benicarló, que les hacen la competencia desleal, y que no cuentan con los requisitos legales. “Hemos denunciado en reiteradas ocasiones al Seprona de Vinaròs y Castellón, a los ayuntamientos y a la Guardia Civil, pero ahí siguen”, sentencian los afectados, quienes añaden que, “aunque les cierran los garitos, reabren pasados los dos o tres días”.

A pesar de que interponen las pertinentes denuncias como “personas anónimas”, debido al miedo que tienen a represalias, estas se hacen efectivas, porque se trata de un sector muy pequeño, donde se conocen todos. “Han llegado a quemarme uno de los coches”, admite uno de los empresarios, que ya no sabe qué más hacer. Y es que, tal como aseguran, estos supuestos “delincuentes” suelen ser extranjeros, o con pocos recursos, “que actúan al margen de las leyes del país”.

Precisamente es eso, la ley, lo que sí deben cumplir a rajatabla los gestores de residuos legales. “Mientras vemos como nadie hace nada para acabar con esta situación injusta, nosotros somos los perjudicados, porque debemos tenerlo todo en regla, e invertir grandes cantidades en que las instalaciones cumplan todos los requisitos”, reiteran, ya que tienen que ceñirse a lo que dicta Medio Ambiente y el registro de Industria, así como obtener la licencia de gestores de residuos.

Por otra parte, esta situación comporta una verdadera guerra de precios con la que el sector no puede competir. Pagan el cobre, la chatarra, las baterías, los electrodomésticos como las neveras o las lavadoras, los motores de coches, el cinc y el plomo “a precios más altos que los nuestros, por lo que la gente prefiere venderles a ellos”, denuncian. En cambio, los “legales” trabajan según la oferta y la demanda. Por ese motivo, instan a la población a que pida factura y no hagan transacciones si no están seguros de la legalidad.

EL CAMPO // Esta competencia va más allá de una simple anécdota. De hecho, los agricultores sospechan de que muchos de los robos de cobre terminan en este tipo de almacenes, que venden a los mayoristas, los cuales solo están obligados a registrar el DNI o NIE. Un conocido agricultor de la zona perdió diversos tractores, uno de ellos valorado en 90.000 euros, y los robos de material más manejable son constantes. Por todo ello, hacen un llamamiento a las instituciones públicas para que oigan sus exigencias. H