Visita oficial sin novedades sobre el futuro uso del solar donde se ubicaba el Grupo B de Almassora. El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, visitó ayer el terreno resultante del derribo del edificio 167 para certificar el fin de los trabajos, un año después del anuncio de demolición. No obstante, el conseller se emplazó con la alcaldesa, Merche Galí, a buscar alternativas para el uso del suelo según las preferencias del municipio, sin concretar todavía el servicio que acogerá.
La munícipe recordó su compromiso de reservar el espacio para un uso social, bien encaminado a proyectos de enfermos, mayores o necesidades específicas del vecindario que permitan ampliar los servicios públicos de Fátima y su entorno. Como informó Mediterráneo, la intención del consistorio es impulsar un centro de día. «Por fin, tras más de 20 años, podemos empezar a hablar de futuro para respetar lo que los vecinos reiteraron en muchas ocasiones y dejar atrás el pasado de marginalidad del bloque», señaló Galí.
Asimismo, la primera edila mantiene la oposición a cualquier proyecto de construcción de viviendas, tras el derribo de las 38 que formaban el edificio 167, después de unos trabajos de demolición que arrancaron el pasado 19 de enero. De igual modo, Martínez Dalmau trasladó su intención de que el aprovechamiento del terreno cumpla las expectativas de todas las partes, ahora que la zona está vallada y en buenas condiciones de salubridad y seguridad.
En el encuentro participaron también el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez; y el director de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), Alberto Aznar, que se emplazaron a un encuentro con la concejala de Territorio de Almassora, Carmina Martinavarro, y los técnicos municipales del departamento, con la finalidad de valorar las características de la parcela y su futuro uso.
Demolición
En la actualidad, la empresa Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A., encargada de los trabajos que han eliminado los edificios del Grupo B, ya ha retirado los restos y limpiado el recinto para culminar antes de lo previsto en el contrato de adjudicación. La actuación, por la que la Generalitat ha pagado 269.047,05 euros, ha puesto fin a 22 años de actividad en el bloque tras la desaparición de las primeras 56 viviendas en 1998.
