La Generalitat valenciana proyecta establecer cupos para limitar el acceso al parque natural de la Serra d’Irta. «Nuestro planteamiento es sacar unas 80 plazas de aparcamiento, que vienen a ser unas 300 personas, más todas las que accedan a pie, en bicicleta o por otros medios sostenibles», indica su directora, Aurora Quero, quien explica que el cálculo se basa en un estudio realizado que determina que la capacidad de carga de la sierra, en la zona que da a la costa, es de unas 600 personas.

Quero también aclara que «la propuesta del Consell es que los propietarios puedan entrar libremente, que es lo normal, porque tienen allí sus casas y fincas, y luego se fijará un tope máximo diario, según las plazas de aparcamiento que tiene la sierra, para que la gente pueda reservar».

De hecho, la Administración autonómica divulga por canales oficiales material informativo sobre la regulación de acceso con vehículos de motor al enclave, a partir del próximo verano, en el que detallan los pasos que deben seguir los propietarios para acreditar que lo son y tener un pase especial. 

El término 'vecinos' es muy ambiguo y amplio y puede dar lugar a controversia

Aurora Quero - Directora del parque natural de la Serra d'Irta

Respecto a la petición de los ayuntamientos de Peñíscola y Alcalà-Alcossebre de que se permita el paso, sin restricciones, a los habitantes de los municipios que forman parte del parque natural, como informó Mediterráneo, Quero considera que el término «vecinos» es «muy ambiguo y amplio y puede dar lugar a controversia». Sin embargo, la directora del parque recuerda que en la última junta rectora, convocada con carácter extraordinario para abordar el tema, «se creó una comisión de seguimiento en la que hay representantes de los dos consistorios» y avanzó que en próximas citas seguirán «tratando el asunto». 

No es la propuesta definitiva aún

Desde la Conselleria de Medio Ambiente aclaran que «la información difundida solo es un proyecto, no es la propuesta definitiva, y está en fase de negociación». También arguyen que no están «imponiendo nada a los municipios». «De hecho, se les ha informado de todos los pasos que se han dado», dicen, y aseguran que valorarán las alegaciones y propuestas, «desde el estudio técnico, para encontrar una regulación que garantice el cumplimiento de dos principios: la conservación del parque y el fomento de la movilidad sostenible»