El Ayuntamiento de l’Alcora quiere alejar la sombra de Reyval de la localidad. El equipo de gobierno que encabeza Samuel Falomir no quiere una nueva planta de almacenamiento temporal, centro de transferencia y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en el municipio, como el proyectado por Aprocol, de los herederos de la antigua Reyval. Y por ello ha solicitado a la Generalitat valenciana que anule el procedimiento y archive el expediente por, entre otras muchas consideraciones, no ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital de l’Alcalatén.
El alcalde trasladó a la delegada del Consell en Castelló, Eva Redondo, el malestar de la población por el proyecto promovido en la ciudad y con el fin de frenarlo, el consistorio presentó ayer, vía telemática, al Consell ocho bloques de alegaciones, organizadas por contenido, tras finalizar el periodo de exposición pública de los expedientes de autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental.
El primer edil destacó la «falta de concordancia entre el proyecto básico y el informe de compatibilidad urbanística». Según detalló, el informe de compatibilidad urbanística que el Ayuntamiento otorgó a Aprocol no es aplicable a la documentación que la mercantil ha presentado en la Generalitat para obtener la Autorización Ambiental Integrada, ya que incluye la actividad «valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad superior a 10 t/día», clasificada dentro del Grupo A, grado 4-5, y el PGOU de l’Alcora no permite instalar actividades nuevas con este grado de nocividad e insalubridad.
Para el consistorio, existen "deficiencias"
«El estudio de impacto ambiental incluye muchas deficiencias», resaltó Falomir, señalando como una de las «más graves» el hecho de que «solo contempla una única alternativa viable cuando, con este estudio, lo que se pretende es analizar todas las alternativas técnicamente viables y justificar la solución finalmente adoptada». Además, «en la matriz de impactos no se ha recogido el rechazo social de la población de l’Alcora a este tipo de instalaciones».
Manifestó que «hay muchos otros aspectos que no han quedado suficientemente justificados en la documentación expuesta al público». Así, por ejemplo, indicó que «no se incluyen las cantidades pormenorizadas de cada uno de los tipos de residuos a admitir en las instalaciones, aspecto fundamental a la hora de justificar las infraestructuras y operaciones a realizar en la planta”.
Plan de Emergencia
Por otro lado, indicó que «tampoco ha quedado demostrado que no se vayan a mezclar distintos tipos de aguas residuales con componentes peligrosos, ni cuáles son las empresas gestoras que finalmente fueran a gestionar dichos residuos». Además --continúa el munícipe-- «existen serias dudas, dado el elevado número de residuos a gestionar y su tipología, sobre la obligación de que este tipo de actividad no deba presentar un Plan de Emergencia Exterior en el que se contemple la coordinación de la actividad con los diferentes servicios de protección».
En la documentación expuesta al público «tampoco se hace referencia a que en esas instalaciones anteriormente se localizaba la empresa Reyval Ambient y, ya en el 2018, la CHJ indicó en un informe que, en caso de que una nueva actividad se iniciara en la ubicación ocupada por la antigua planta de tratamiento de residuos, se deberían realizar análisis de agua subterráneas antes del inicio de la actividad para poder obtener valores de referencia que permitan evaluar la evolución de la calidad del agua una vez iniciada la misma. Estos controles tampoco han sido aportados», concluyó.
Cabe recordar que la Plataforma No a la Contaminació también ha solicitado la nulidad del procedimiento y paralizar la autorización del proyecto.
