Costas escuchará las reclamaciones de los afectados antes de derribar el poblado de Torre la Sal en Cabanes y se abre la vía del diálogo. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer de la reunión que ha mantenido este miércoles la alcaldesa de la localidad, Virginia Martí, con la directora general de la entidad gubernamental, Ana María Oñoro.
Martí trasladó la «buena predisposición» percibida para trabajar en «darle una solución a esta situación». «Les vimos muy receptivos y ha sido positivo que mantengamos esta reunión directamente en Madrid. Hemos puesto sobre la mesa las singularidades de Torre la Sal y todas las fortalezas del poblado porque es un caso muy singular el nuestro. En Madrid le han puesto cara y ojos al problema que tienen nuestros vecinos. Teníamos que humanizar este expediente que es injusto y que debemos resolver», ha destacado.
Asimismo, la munícipe manifestó la inquietud y malestar de los vecinos afectados por el escaso plazo habilitado para la presentación de alegaciones, ya que es en este periodo cuando tienen que exponer sus argumentos para no perder sus casas, adjuntando la correspondiente documentación.
Ampliación del plazo: de 8 a 12 días
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica ya explicaron al respecto que es el plazo que contempla la ley. Aunque este tiempo finalmente se ampliará, pasando de los ocho días hábiles inicialmente habilitados a cuatro más, ya que la normativa permite incrementarlo en la mitad. Y este fue uno de los logros conseguidos durante la reunión de este miércoles.
"Teníamos que humanizar este expediente que es injusto y que debemos resolver"
No obstante, pese a las buenas palabras durante la reunión, el polémico expediente con el que Costas amenaza con desposeer a los dueños de sus casas sigue adelante y no lo paralizarán, por ahora.
El Ayuntamiento tenía previsto presentar este miércoles sus alegaciones, finalmente apurará el plazo para perfilarlas. Aunque la mitad de los vecinos afectados ya las han presentado , y, por tanto, no podrán beneficiarse ya de este tiempo extra. Costas pretende «clarificar a través de las alegaciones la situación y todas las incongruencias que la envuelven», según declaró Martí.
Y es que hay vecinos que tienen escrituras de su vivienda de hace más de un siglo y muchos coinciden en que no fueron notificados de los deslindes que incluyeron sus casas en el domino público marítimo-terrestre.
Único poblado de toda España sin concesión
Al parecer, Costas pone el foco en Torre la Sal al ver que es el único lugar de toda España en permanecer sin concesión, ya que el periodo para solicitarlas caducó en 2019. Pero los vecinos se niegan a perder la titularidad de sus casas.
La alcaldesa avanzó que en los próximos días mantendrá una reunión con los vecinos y añadió que se han emplazado a principios de junio con la dirección general de Costas para hacer seguimiento.
Al encuentro de este miércoles también han asistido el diputado nacional por el PSPV-PSOE, Germán Renau y la senadora socialista Ana Edo, así como la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol y el director general para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo.
