Acciona se encargará de la operación, el mantenimiento y la conservación de la desaladora de Orpesa (Castellón), con una capacidad de tratamiento actual de 48.700 m3/d, ampliable hasta un máximo de 130.000 m3/d.
El contrato, adjudicado por Acuamed, organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene un importe de 3,4 millones de euros y una duración de dos años, prorrogable por otros dos.
Junto con la planta, Acciona operará también la red de distribución del agua desalada lo que permitirá el suministro a los municipios de Cabanes, Benicássim y Orpesa del Mar, lo que supone el abastecimiento a más de 150.000 habitantes. La operación de las instalaciones se realizará bajo los más exigentes estándares medioambientales y de sostenibilidad.
Empresa líder en ósmosis inversa
Acciona es líder en desalación por ósmosis inversa, con 85 plantas construidas en todo el mundo, y opera actualmente más de treinta proyectos con una capacidad de producción diaria de cinco millones de m3, lo que equivale a una población abastecida de más de 25 millones de habitantes, un 21% en España.
En la Comunidad Valenciana se encarga también de la operación y mantenimiento de la desaladora de Torrevieja (Alicante), la más grande de Europa, con una capacidad de tratamiento de 240.000 m3/d y la de Jávea con 26.000 m3/d y cuenta asimismo con proyectos de desalación en las Islas Canarias, Baleares, Murcia y Andalucía.
Desaladoras en la provincia
El origen de las desaladoras en Castellón se remonta al 2006, cuando Cabanes, Orpesa, Xilxes y Moncofa firmaron el convenio con Acuamed, impulsado por la entonces ministra de Economía, Cristina Narbona. Previamente, en el 2004, nacía la iniciativa con el plan Agua, que preveía 15 plantas en el Mediterráneo y Andalucía. Fue en el 2008 cuando Benicàssim se sumó al acuerdo, pendiente de proyectos urbanísticos inacabados, como el PAI Golf benicense.
Las dos desaladoras costaron 106 millones de euros (55,5 millones la de Orpesa y 50,8 millones la de Moncofa). El Gobierno justificó su ejecución por una "mayor eficiencia en el consumo y mejor calidad del agua".
