El proyecto municipal de puesta en valor de la emblemática Real Fábrica de l’Alcora se ha visto inmerso en un conflicto entre la empresa propietaria y los acreedores, que ha desembocado en una denuncia contra el Ayuntamiento, en la que los demandantes argumentan que la operación de venta de un solar fue irregular, al no contar con autorización judicial.
El alcalde, Samuel Falomir, reconoce que, cuando se produjo la operación, «la empresa estaba en concurso de acreedores y en el momento de la contratación, necesitaba autorización judicial para llevar a cabo dicha operación». Según relata, en el instante del acuerdo, el administrador concursal «firmó una declaración responsable» en la que acreditaba que «tenía todos los documentos que le permitían contratar con el Ayuntamiento». Pero ahora, un acreedor ha presentado la demanda porque niega que existiera esa autorización, de ahí la querella.
Falomir defiende que el consistorio ha presentado la documentación con la declaración responsable mencionada. Sin embargo, al formalizarse la compra, ahora se ve implicado en el proceso judicial. El alcalde dice que se ha realizado «todo el proceso administrativo correctamente», porque pidieron lo que tenían que pedir, por lo que cree que el municipio es también víctima de un «engaño» al confiar en la empresa.
