El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó dio este miércoles el primer paso en el procedimiento administrativo que ha de llevar a la transferencia de la gestión de la residencia de personas mayores, Hogar Sagrada Familia, a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra.
Un acuerdo que prosperó con la unanimidad de todos los grupos municipales en el pleno. Legalmente para iniciar el trámite era suficiente con un acuerdo de la junta de gobierno, pero el tripartito escogió la opción plenaria para dar un mayor respaldo a dicha iniciativa.
La concejala de Servicios Sociales, Marian Artero, precisó sobre este acuerdo que «tras la creación de la mesa mixta en la que se va a tratar el traspaso», les «han requerido ya la documentación para empezar a trabajar», de ahí que se haya querido agilizar la gestión.
Si bien la ley autonómica deja un margen --hasta el 2024-- al gobierno autonómico para asumir la gestión directa de todos las residencias para mayores que todavía no sean de titularidad autonómica (en Castellón se encuentran en este caso las de la Vall y Benicarló, que son municipales), el Ayuntamiento quiere avanzar tanto como sea posible facilitar cada uno de los requisitos indispensables.
Problema de competencias
Artero incidió en la necesidad de abordar de manera decidida esta cuestión que, como insistió, no supone querer desprenderse de una responsabilidad, sino más bien lo contrario, normalizar una situación anómala, pues las competencias en este ámbito nunca han sido municipales, aunque la Vall lleva desde su apertura al frente de esta residencia que, por otra parte, no es local, sino comarcal. No en vano, muchos de sus usuarios no son vecinos de la ciudad, pues llegan derivados de otras localidades por su situación de dependencia.
Un millón de euros es lo que el consistorio debe destinar cada año de recursos propios al Hogar Sagrada Familia --la Conselleria aporta anualmente sobre 2 millones, que son insuficientes para sus necesidades de funcionamiento--, un dinero que otros ayuntamientos de las mismas características pueden destinar a acometer inversiones o financiar otras acciones de interés general, lo que supone un agravio comparativo que hay que solucionar, y de ahí que se haya «abordado esta cuestión después de años en un cajón».
¿Qué pasará con el personal y con el inmueble cedido?
Más allá de los trámites administrativos requeridos para proceder a la transferencia legal de la gestión de la residencia, el Ayuntamiento y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas van a tener que llegar a acuerdos que son básicos, como el que hace referencia al edificio que ocupa el Hogar Sagrada Familia. El inmueble no es de titularidad municipal, sino de la Caixa Rural la Vall San Isidro, que lo cedió en su día al municipio para poder poner en marcha la residencia.
También esperan alcanzar un acuerdo positivo respecto del personal actual del centro.
