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El Periódico Mediterráneo

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Polémica tras la reunión telématica con la directora general de costas

Costas ‘chantajea’ a Moncofa con la protección de las casas de primera línea de la playa

Hasta que no se solucione la situación jurídica de viviendas irregulares no se dará prioridad alta a los espigones

En cada temporal el agua llega hasta las viviendas de primera línea de playa, por lo que el consistorio de Moncofa urge los espigones. Miguel Á. Sánchez

La Dirección General de Costas supedita el cambio de prioridad baja a alta del tramo que comprende toda la fachada del casco urbano del litoral de Moncofa a que se depure la situación jurídica de la totalidad de las viviendas de primera línea. Así se desprende de las palabras que trasladó la directora general de Costa, Ana María Oñoro, a todos los presentes en la reunión telemática, en la que estuvieron presentes el alcalde, Wences Alós, y los portavoces de los grupos de la corporación municipal.

No obstante, el primer edil considera que «primero se debe de actuar para evitar más daños en las infraestructuras públicas y privadas, pero no anteponer la situación actual de las viviendas de primera línea, al proyecto de defensa que hoy en día para Costas sigue siendo de prioridad baja».

El presidente de la asociación de vecinos de la zona centro, Eleuterio Abad, manifestó que «para Costas no puede ser excusa la existencia de la situación irregular de las viviendas. Tiene que actuar en el litoral independientemente de cómo se encuentren jurídicamente las edificaciones. Porque de esta forma carga la responsabilidad en los titulares de las casas».

Cabe recordar que la primera línea de viviendas de playa cuenta con alrededor de 90 edificaciones y se encuentran situadas en el tramo de litoral que comprende desde la playa Masbó hasta la playa Pedra-roja, es decir tiene cerca de dos kilómetros de longitud. 

Pero Costas esgrime que existen viviendas que no están regularizadas, es decir, cuentan con la concesión caducada, por ese motivo reitera llevar a cabo la elaboración de un análisis vivienda a vivienda, porque la defensa de espigones que se demanda desde el Ayuntamiento y la propia plataforma Espigones Ya es para defender propiedades cuya situación jurídica está legalmente reglada. 

Otras reacciones

Desde el PSOE, Mariló Aguilar, «el consistorio tiene que dar un paso al frente y colaborar con Costas para conocer en qué situación están las casas y si hay alguna ilegal se tendrá que dialogar y tomar decisiones, porque no hay que olvidar que estamos hablando de inmuebles en suelo del Ministerio y si la protección del litoral tiene que ir unida a la comprobación de situación legal o ilegal habrá que actuar, porque de lo contrario el terreno de dominio público marítimo terrestre se adentrará a los viales paralelos a la avenida Mare Nostrum, que ya es de Costas».

Por su parte, Raül Borràs, de Compromís, comentó que «la Directora General de Costas fue muy clara y dijo que mientras haya viviendas ilegales o irregulares sobre la playa no se harán los espigones».

De esta manera, si el proyecto no cambia de prioridad, es fácil que la defensa del litoral de esta zona sea una realidad, como muy pronto, dentro de una década y si pensamos en el cambio climático, también es fácil que la totalidad de estas viviendas se vean afectadas por los temporales marítimos, como ya ocurrió con Gloria, cuando el agua se adentró en algunas de las edificaciones.

«En la reunión con Costas nos explicaron que la prioridad baja es por el hecho de haber muchas casas con una situación jurídica que habría que depurar antes de la construcción de los espigones», añadió. 

Desde Podem Moncofa, su portavoz municipal, Rafa Segarra, fue más allá y manifestó que, «si hay casas legales, es motivo suficiente para que se actué y se las proteja, más allá de las actuaciones pertinentes al resto de viviendas». 

Casas de primera línea datan de los años 30 del siglo XX

La ley que modifica la posibilidad de ampliación de las concesiones que vencían por la caducidad derivada del final de la ley de Costas de 1988 es la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que en su artículo 20 recoge que los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se computarán por un máximo de 75 años desde la fecha del primer otorgamiento. Por lo tanto, es fácil que ninguna o muy pocas viviendas cuenten con la concesión vigente, dado que muchas se construyeron entre los años 30 y 40 del siglo XX.  


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