El exalcalde de Nules y actual concejal del Partido Popular en el municipio, Mario García, dimitirá de su acta y abandonará la política a final de este mes como consecuencia de la apertura del juicio oral en la que se investigará si, como se le acusa, cometió un delito de prevaricación en el caso tanatorio.
En cuanto recibió la notificación del juzgado y recogió el auto por su implicación como investigado en este asunto, García ya anunció que no se convertiría en un «estorbo» en ningún sentido para el Partido Popular, «porque yo me creo esto de la política», dijo, razón por la cual hace unos días causó baja en la agrupación en la que ha militado 32 años.
El siguiente paso será renunciar a su cargo como concejal en el Ayuntamiento, algo que sucederá a final de mes, previsiblemente en el pleno ordinario que se celebrará el jueves día 30 de junio.
Como es habitual en estos casos, a poco menos de un año de las elecciones municipales del 2023, Mario García será sustituido por la siguiente persona en la lista electoral que, se da la circunstancia, es el recientemente elegido como su relevo al frente de la agrupación local del PP como presidente, José Vicente Adsuara.
Inhabilitación y fianza
La Fiscalía solicita para él inhabilitación para cargo público de 10 años y una fianza de 100.000 euros por los posibles perjuicios para la parte demandante que pudieran determinarse en este proceso.
El Partido Popular de Nules ha convocado para esta semana una ejecutiva local en la que informará de lo que está sucediendo a la militancia para que sean partícipes de cada paso que se dé.
Después de varias legislaturas como concejal --en el gobierno y la oposición--, Mario García llegó a la alcaldía en el año 2007 con un gobierno en minoría que en el 2011 se convirtió en mayoría absoluta. En el 2015 volvió a la oposición y renunció a la portavocía del grupo municipal en favor de María Victoria Marzal, que viene ejerciéndola hasta el momento.
En el caso tanatorio se investiga su presunta comisión de un delito de «prevaricación continuada» por, según argumenta la acusación, haber concedido con un informe técnico en contra una licencia de obras a la empresa que gestiona el tanatorio municipal.
