Los propietarios de solares del PAI Benicàssim Golf (anulado por el Tribunal Supremo en 2012) que han ganado la batalla judicial al Ayuntamiento tras reclamar la devolución de los recibos del IBI que fueron cobrados (como suelo urbano) de 2007 a 2020, más los intereses, lamentaron ayer la respuesta del consistorio que preside Susana Marqués ante esta situación, ya que responsabiliza al Catastro del cobro indebido.
«El principal culpable es el propio Ayuntamiento que es a quien le incumbía ejecutar la sentencia del TS de 2012, declarando la resolución del PAI Benicàssim Golf», apuntan. Es más, la Abogacía del Estado, en su informe de 28 de junio de 2013 (al que ha tenido acceso este periódico), ya requería a la administración local que modificara el PGOU de 1994 al objeto de restablecer la legalidad material antes de que el Catastro pudiera rectificar los valores catastrales, para que se consideran como solares rústicos y no urbanos.
Critican que el cumplimiento material de la sentencia se inició el 21 de octubre 2020 (con más de ocho años de retraso) mediante informe del técnico municipal, y todo ello «forzado por haber interpuesto ante el TSJCV un incidente de ejecución de sentencia el 30 de septiembre de 2020, apresurándose el consistorio para poder justificar la ejecución dentro del plazo de 20 días que le concedió».
