La reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón, que estima la reclamación del propietario de un solar del PAI Benicàssim Golf --el cual fue anulado por el Tribunal Supremo-- por la cual obliga al Ayuntamiento a la devolución de los recibos del IBI cobrados indebidamente (como solares urbanos y no rústicos) desde el 2007 hasta el 2020, más los intereses, podría tener un efecto dominó y provocar un importante perjuicio en las arcas municipales benicenses.
El fallo es firme, por lo que una reclamación generalizada de propietarios del PAI Benicàssim Golf podría comportar un varapalo económico relevante para el consistorio.
La reclamación del propietario al que la justicia da la razón en la primera sentencia de estas características asciende a unos miles de euros. Pero si fuera de todos los propietarios afectados, la cifra se elevaría, según las estimaciones realizadas por fuentes jurídicas consultadas, a unos 10 millones, incluidos los intereses por los 12 años durante los cuales la administración local cobró los recibos (en el 2007 se pagó un 10% del valor y en 2020 ya no se cobró como consecuencia de la sentencia de 5-319 del Tribunal Supremo) por este ambicioso programa.
De hecho, cuando el Síndic de Greuges instó en el 2018 al consistorio a anular los recibos de este impuesto de las parcelas incluidas en el ámbito de esta actuación y a devolver «como ingresos indebidos» las cantidades recaudadas, el grupo Compromís ya cuantificó en 700.000 euros la cifra que ingresó el Ayuntamiento cada año por el IBI cobrado en esta zona.
Impacto económico
Los 10 millones supondrían cerca de un tercio del último presupuesto aprobado por el gobierno que preside Susana Marqués, el del 2021, que se eleva a 28,4 millones, y el cual sigue en vigor tras ser prorrogado por falta de acuerdo de los socios del ejecutivo local (PP y Cs).
No obstante, las cuentas saneadas del Ayuntamiento, con un nivel cero de endeudamiento desde el 2018 y el hecho de que cerrara 2021 con un superávit de 12,2 millones dibujan un escenario en el que la administración local podría afrontar las reclamaciones sin llegar a suponer una quiebra en sus arcas. Mediterráneo preguntó al consistorio sin obtener respuesta.
Benicàssim Golf fue aprobado en el 2007 y contaba con una extensión de dos millones de m². En el 2012, el Supremo lo tumbó, al asentarse sobre un humedal. Pero el consistorio no ejecutó la sentencia y siguió recaudando los recibos del IBI (como solares urbanos) pese a anularse el programa.
