El Ayuntamiento de Benicàssim acata los pagos derivados por el cobro indebido del IBI a los propietarios del PAI del Golf con sentencia a su favor, pero responsabiliza al Catastro por «no ejecutar la sentencia del 2017» y no realizar la modificación general de toda la ponencia de valores. Así lo expresó este miércoles la alcaldesa, Susana Marqués, en relación a esta situación irregular que conlleva reclamaciones de los dueños de terrenos, que llevan años tributando con un precio alto de urbano, pese a no haberse desarrollado el programa urbanístico al quedar anulado en el 2012, por falta de recursos hídricos.
El escenario también repercute negativamente en el consistorio, que debe afrontar la diferencia del importe cobrado con los correspondientes intereses.
Marqués aclaró estas circunstancias con motivo de la sentencia, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Castellón, que dio a conocer Mediterráneo, que da la razón a un propietario afectado y obliga al Ayuntamiento a devolverle la diferencia de lo que ha pagado de más desde 2008 por un suelo rústico que fue calificado como urbano en este PAI. El vecino en cuestión ya recibió la compensación con efecto retroactivo de cuatro años, como marca la norma general. Pero ahora el juez concluye que también debería recibir lo abonado de más en el periodo comprendido desde el 2008 al 2012, al entender que «no ha prescrito», según aclaró el concejal responsable del área de Hacienda, Arturo Martí.
Falta por ver cuántos dueños reclamarán
"Esta situación afecta a los dueños del suelo y al Ayuntamiento, que debe pagar ahora la diferencia y con los intereses"
En la actualidad, está por ver cuántos dueños de parcelas optarán por explorar esta vía judicial y reclamar la compensación también desde el 2008. Tal y como publicó este diario, esta cifra podría ser millonaria y rondar los 10 millones, aunque desde el Ayuntamiento estiman que sería mucho menor, incluso «menos de la mitad», según auguró Martí. Y señaló que todavía no cuentan con los datos oficiales y que es imposible de calcular con exactitud por el momento.
En el peor de los escenarios, el Ayuntamiento cuenta con unas cuentas saneadas, con un superávit de 12,2 millones y deuda cero, y el gobierno local tiene capacidad económica para hacer frente a la devolución de los importes por cobro indebido, según afirmó el concejal de Hacienda. «Tenemos solvencia económica y no tenemos deuda», destacó.
El Ayuntamiento "actuará"
La alcaldesa puntualizó que esta «resolución en firme todavía no ha llegado al Ayuntamiento, pero la Administración actuará si se ha hecho un cobro indebido, como no puede ser de otra forma». «Y se procederá al pago después de realizar la compensación». Pero Marqués aclaró que «son sentencias que debe ejecutar el Catastro», que «tiene que actualizar el recibo».
En este sentido, Martí relató que se va a hacer «una autoliquidación como si fuera rústico para restarlo a lo que tiene que devolver el consistorio». Tanto Marqués como el edil hicieron hincapié en que esta situación no solo supone un agravio para los propietarios de estas parcelas, que han pagado un precio más elevado, sino también para las arcas públicas. Asimismo, se reflejan «unos ingresos irreales que para nosotros también es un perjuicio a la hora de preparar el presupuesto anual».
"El Catastro lo está haciendo finca por finca cuando se lo ordena el juez, en lugar de hacerlo en el conjunto del PAI"
Por todo ello, el consistorio tiene abierto un contencioso desde 2018 con el Catastro «porque desde 2017 que les estamos pidiendo que procedan a la actualización del recibo», indicó Marqués. «Hay una sentencia del Tribunal Supremo para que se revise esa ponencia de valores y no se ha hecho. Nosotros, desde el Ayuntamiento, no tenemos competencia para modificar el recibo y que los vecinos puedan pagar menos, como nos reclaman», añadió la alcaldesa.
Ya han sido varios los propietarios que han obtenido una sentencia a su favor, tras haberlo recurrido por esta vía, y se les ha devuelto, según puntualizaron desde el consistorio. «El Catastro lo está haciendo finca por finca cuando se lo requiere el juez en lugar de actualizar todo el PAI como debería», lamenta Martí.
