El desarrollo del polígono industrial Belcaire C de la Vall implica a 110 propietarios

Con las bases de programación aprobadas y el proceso de selección del agente urbanizador en marcha (el plazo para presentar ofertas es de tres meses), el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó trata de avanzar los trámites legales y burocráticos vinculados con la ampliación de suelo industrial de Belcaire C, en el que se van a ver implicados 110 propietarios.

La magnitud de la inversión y las cifras que arroja son de gran relevancia para la ciudad. Cerca de 700.000 metros cuadrados y un presupuesto estimado que ronda los 26 millones de euros, que en toda momento la alcaldesa, Tania Baños, describe como «vitales para el desarrollo del municipio», que no quiere perder la oportunidad de crecimiento que supondrá la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto. Una iniciativa urbanística que, hay que recordar, está en manos privadas, bajo la supervisión pública.

Belcaire C es un PAI, y como tal, son los propietarios de los terrenos quienes asumen la inversión de su desarrollo, de acuerdo con las condiciones que establece la legislación en la materia. Para que la planificación pudiera ser admitida a trámite, optaron por la modalidad de gestión indirecta, que supone que quien impulsa el proyecto, pese a no tener más del 50% de la propiedad, acredita el interés general, ratificado por la Generalitat.

El concejal de Urbanismo, Vicent Pitarch, incide en que en todo este proceso el Ayuntamiento ejerce de interlocutor entre la Generalitat, que autoriza cada paso, y el futuro agente urbanizador, que está por definir. El proceso se rige por la libre concurrencia, pero la lógica apunta a que sería Blumaq, la multinacional vallera que posibilitó la reactivación de Belcaire C, la elección más probable para quedarse con la adjudicación y asumir la millonaria inversión estimada, aunque no se puede descartar cualquier otra opción.

Posición de los propietarios

La reparcelación será otro de los trámites importantes del proyecto. Los propietarios sobre cuyos terrenos está previsto desarrollar el área industrial pueden escoger entre mantener la titularidad de sus parcelas (con lo que asumirán su parte correspondiente de las cuotas de urbanización) o llegar a un acuerdo de compra con el urbanizador. A partir de la propuesta de la empresa, será el Ayuntamiento el que fijará el precio final «para velar por los derechos de los afectados», remarca el concejal.

Los contactos para definir esas cuestiones todavía no se han iniciado, pero el proyecto no es nuevo. Los afectados saben que sus terrenos están catalogados como rústicos urbanizables de dotación industrial (la primera propuesta se aprobó en el 2009; la que está en trámite solo es una actualización).

Para llegar a ese punto quedan meses. La estimación del equipo de gobierno es que «pueda adjudicarse a finales de año», de hecho inciden en que están «trabajando en paralelo para avanzar los trámites y que no haya retrasos». Con todo, no descartan que haya que esperar hasta principios del 2025, porque «los plazos son muy justos».

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