La Generalitat se personará como acusación particular en el caso de presunta corrupción en las ayudas al desarrollo gestionadas por los directivos de la extinta Conselleria de Cooperación, en su día dirigida por el actual síndico del grupo popular en Les Corts, Rafael Blasco. El pleno del Ejecutivo valenciano, según matizó el conseller José Císcar, ya ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para que “pueda ejercer las acciones penales y civiles que resulten necesarias para la defensa de los derechos de la Generalitat”, respecto a las diligencias previas del procedimiento abreviado 001743/2011, que tramita el juzgado de Instrucción 21 de Valencia por las presuntas irregularidades en expedientes.
El Gobierno valenciano considera que el objeto de las diligencias que tramita este órgano judicial “lo constituyen hechos que afectan a los intereses de la Generalitat”, por lo que se ha adoptado esta decisión, de acuerdo con las previsiones legales, para que la Abogacía de la Generalitat pueda ejercitar las acciones judiciales pertinentes. Por este mismo asunto, el pleno de Les Corts Valencianes aprobó el pasado 24 de febrero el cese del director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep Maria Felip, y del subsecretario del departamento de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, ambos ahora imputados, en relación a la investigación sobre las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones.
LOS COMPROMISOS // Alberto Fabra, en varias ocasiones, ha señalado que no se puede permitir que “se ponga en duda la gestión de un gobierno y la credibilidad de un gobierno”, y ha destacado el “compromiso” de “transparencia y honradez” de su Ejecutivo.
La diputada socialista en Les Corts, Clara Tirado, se mostró “expectante” aunque expresó sus dudas acerca de que Fabra quiera realmente colaborar con la Justicia. “Más bien utilizará esa personación para obstaculizar el procedimiento y alargarlo”, apuntó. Así, se preguntó “si Fabra pedirá que imputen a Blasco por este escándalo”. Tirado también se cuestionó “cómo es posible que el PP se presente como acusación, mientras el máximo responsable político de esta organización de tramas que desviaban fondos de Cooperación sigue en su cargo y ejerciendo de diputado”.
Con palabras similares se expresó la parlamentaria de Esquerra Unida, Marina Albiol, quien insistió en que el anuncio del Consell debe ir acompañado de la dimisión de Rafael Blasco. “No sería comprensible de ninguna de las maneras” que la Generalitat se personara y “el exconseller Blasco siguiera como síndico”.
La causa abierta por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas oeneges cuenta con 19 imputados, dos de ellos pendientes de localizar con una requisitoria. H
