La mejora de salarios en las residencias de gestión privada de Castellón, sin calendario

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no tiene todavía un calendario para proceder a la licitación de las residencias de mayores y centros asistenciales de gestión privada, que en algunos casos sufren una espera varios años, como en el centro El Pinar de Castelló. Sus trabajadores protagonizaron el miércoles una concentración a las puertas del edificio para pedir a la Generalitat que acelere los trámites. El motivo radica en que las mejoras salariales y de condiciones laborales estipuladas en el convenio vigente no se aplican hasta que haya un nuevo contrato en marcha. En el caso del Pinar, la espera ya lleva dos años, y fuentes sindicales explican que una situación parecida se vive en un total de 19 espacios asistenciales de Castellón.

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Primera medida

Desde la conselleria señalan a Mediterráneo que a finales de abril "se aprobó la modificación del decreto de tipologías para dar solución a los centros". Este decreto, que establece las necesidades existentes para cada residencia, es el paso previo para que se proceda a la licitación, aunque de momento no hay un cronograma de actuaciones. La delegada sindical de UGT en El Pinar, Silvia López, expuso su temor a que la puesta al día de los contratos no llegue hasta el año que viene. Mientras tanto, los empleados mantienen los sueldos prácticamente congelados.

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Como no hay retroactividad, el dinero de más que dejan de percibir no se recupera, aunque el convenio ya esté en vigor desde el pasado año.

Origen

Esta situación tiene su origen en el sistema de gestión de las residencias. Son privadas, pero la Generalitat, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, licita su gestión.

López menciona que en los últimos años del Consell del Botànic se produjo un parón, mientras se negociaba el nuevo convenio para sus trabajadores. «Incluye mejoras en el salario y también en los ratios de personal», detalla, de modo que prácticamente se igualan las condiciones respecto a los empleados de las residencias públicas.

El caso de Burriana

Por otro lado, trabajadores de los servicios de lavandería, mantenimiento y limpieza de la residencia pública de Burriana también salieron a la calle para denunciar que la empresa del servicio, Amiab, no paga las nóminas porque la Generalitat adeuda 900.000 euros.

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La Conselleria de Servicios Sociales menciona que el problema ya está solucionado. "Había un bloqueo del expediente porque una de las empresas incluidas no había actualizado un dato bancario", aseguran. "Debido a este bloqueo el sistema no emitía el pago, pero ya está solucionado", añade.

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