Malestar de los empleados de residencias en Castellón: la razón por la que no reciben las mejoras de sueldo pactadas

Trabajadores de la residencia El Pinar de Castelló se concentraron en el mediodía del miércoles a las puertas de este centro para protestar por los problemas laborales que arrastran desde hace tiempo. Una queja que piensan mantener cada semana, hasta que la Generalitat proceda a la licitación del servicio, pendiente desde el año 2022.

La situación del Pinar no es única. Silvia López, delegada sindical de UGT en este lugar, comenta que la misma incidencia «se da hasta en 19 residencias de la provincia». En la Comunitat, este caso se amplía hasta los 33 centros.

El motivo tiene que ver con el sistema de gestión de las residencias. Son privadas, pero la Generalitat, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, licita su gestión. López menciona que en los últimos años del Consell del Botànic se produjo un parón, mientras se negociaba el nuevo convenio para sus trabajadores. «Incluye mejoras en el salario y también en los ratios de personal», detalla, de modo que prácticamente se igualan las condiciones respecto a los empleados de las residencias públicas.

Cambio de gobierno

«Se llegó a un acuerdo y se publicó en el BOE, pero llegaron las elecciones y hubo un cambio de gobierno. Desde la Generalitat explicaron que las mejoras no estaban previstas en los presupuestos y tenían que mirarlo», comenta la representante sindical. En el caso del Pinar, la nueva licitación tenía que haber estado lista en el 2022, por lo que es una de las residencias de Castellón que se encuentra en una situación técnica de enriquecimiento injusto, ya que se han agotado todas las prórrogas posibles y, por tanto, está fuera de contrato.

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¿Cómo afecta esto a los sueldos de los trabajadores? «Las empresas que ahora prestan sus servicios no tienen la obligación de aumentar los sueldos, porque así quedó determinado en el convenio», apunta Silvia López. Una de las cláusulas de este documento aprobado por los anteriores responsables autonómicos indica que las compañías no están obligadas a aplicar los incrementos salariales pactados hasta que se adjudiquen los centros que están pendientes. Cuanto más se retrasa el proceso administrativo, más tardarán en notar una mejora en sus nóminas. «En el Pinar tenemos el sueldo casi congelado desde el 2019, porque solo se ha aplicado una subida acumulada del 3%», afirma López. Solo en el 2023, la inflación fue del 3,1%.

Primer paso

Aunque es ahora cuando comienza la movilización en esta residencia de Castelló, que cuenta con 129 usuarios y 30 más en el centro de día, hay un avance por parte de la actual Generalitat. La semana pasada, el pleno del Consell aprobó el decreto de tipologías, un trámite que marca el detalle de los recursos existentes en el sistema social autonómico, y que abarca tanto a los centros de personas mayores como los dedicados a dependientes, centros mujer 24 horas o espacios de acogida y servicio de ayuda a domicilio. Como reconoce la representante sindical, «es el primer paso, porque sin el decreto no se puede licitar».

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Con todo, piensa que el procedimiento será todavía largo. «Las empresas que opten tienen que presentar sus proyectos, y luego se hace la evaluación por parte de la Conselleria, algo que no parece que pueda llegar hasta el 2025».

Pérdida irreversible

A estos condicionantes, la delegada de UGT añade otro más. «Las mejoras de sueldo no son retroactivas, de modo que el aumento que no cobramos ahora no lo podremos recuperar en el futuro», dice. La pérdida de poder adquisitivo de estos años es irreversible.

El convenio equipara salarios en estos centros respecto a los de la administración pública. «Hasta ahora no cobramos los domingos como festivos, y se pagan menos de 10 euros por noche», detalla. El incremento no llegará hasta las nuevas adjudicaciones.

Denuncian retrasos en la residencia de Burriana

Al malestar de los trabajadores de las residencias de gestión privada se le une el del personal de limpieza, lavandería y mantenimiento de la residencia de la tercera edad de Burriana. Según detalla la Federación de Servicios de UGT en Castellón, la empresa que presta esta actividad, Amiab, ha anunciado a los representantes de los empleados que no van a poder cobrar sus nóminas, al asegurar que la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad les adeuda 900.000 euros. «Desde UGT se han pedido reuniones con responsables de la Conselleria», apuntan. La primera protesta ha sido una concentración frente a las puertas de la residencia. El problema afecta a 43 personas. El sindicato menciona que hay otras acciones preparadas, como una concentración ante la conselleria en los próximos días.

Hay trabajadores que defienden la realización de paros para defender sus derechos, aunque no se harán de forma inmediata con el objetivo de no perjudicar a los residentes. UGT detalla que hace siete años se sufrió una situación similar, por lo que exigen cambios en el modelo de contratación para que no vuelva a ocurrir en el futuro.  

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