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El Periódico Mediterráneo

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DIFERENCIAS EN EL CONSELL

Oltra acusa a Bravo de «arrogarse» sus funciones y critica abolir la prostitución

Compromís dice que el modelo no ha funcionado en otros países y «estigmatiza» a las mujeres

La consellera Bravo (a la derecha de la imagen) en unas jornadas en Cuba. Mediterráneo

Las diferencias en el Consell sobre cómo abordar la prostitución no son solo verbales. Ya tienen una plasmación en documentos. Las alegaciones que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, en manos de Mónica Oltra (Compromís), ha presentado a la modificación de la ley de Espectáculos diseñada por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo (PSPV), para cercar el consumo de prostitución dentro de una línea abolicionista van del fondo a la forma. El tono es más duro que conciliador y el punto de partida es el que marca las relaciones entre las dos conselleras desde hace años en lo concerniente a protección de las mujeres y violencia machista: la disputa por las competencias.

«El órgano proponente [Justicia] se arroga competencias que corresponden a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas», asegura el documento. A partir de ahí, el texto de Oltra cuestiona de raíz la iniciativa de Bravo y, a su vez, el modelo abolicionista. Las alegaciones no lo precisan, pero si la representante de Compromís se aleja del discurso de la abolición de la prostitución se puede considerar que la formación, a diferencia de lo apoyado en octubre de 2021 en las Corts, estaría por defender la regulación de esta actividad. 

Que la posición expresada no es solo de Oltra queda claro en el hecho de que otras conselleries en manos de la coalición, como Economía, han presentado también alegaciones para reproducir la línea de Igualdad.

Sus argumentos

El argumento de base es que la modificación de la ley de Espectáculos se hace para penalizar el consumo de prostitución (en establecimientos públicos, burdeles o locales con licencia de espectáculos), pero «estas sanciones suponen, de facto, una sanción indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución».

«Si las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad deberían adoptarse medidas para favorecer y garantizar la salida de esta situación, y no agravarla a través de la penalización indirecta de las mujeres que se dedican a la prostitución», señala el departamento de la vicepresidenta.

Igualdad llega incluso a poner motivos laborales del colectivo transexual para rechazar el plan abolicionista. «Las medidas afectarán en gran medida a las personas trans, que sufren un desempleo del 85 %, y han de recurrir al trabajo sexual como única opción», dice el documento.

La posición de la conselleria de Oltra llega al fondo del debate: el abolicionismo, una bandera que ha tomado el socialismo (también el Gobierno de España y en el Congreso de los Diputados) y en la que la delantera la ha llevado el PSPV. Oltra cuestiona este modelo para enfrentarse a la prostitución de las mujeres.

Dice de este que se fundamenta en que la sanción de la demanda de prostitución acaba con esta y «reduce el consumo de servicios sexuales». «Sin embargo -apostilla Igualdad-, las experiencias internacionales de modelos abolicionistas ponen en cuestión sus resultados». Cita los casos de Suecia y Noruega. Del primero dice, por ejemplo, que se implantó en 1999 y desde entonces, «no existe evidencia de una disminución de la demanda ni de reducción del consumo de prostitución».

«Discurso punitivista»

Así, la conclusión es que la propuesta «se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres» que la ejercen, especialmente a las que menos recursos tienen o se encuentran en situación irregular. «Se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración. Este marco abolicionista aumenta la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución», dice. 

El departamento no deja de afear que la abolición de una práctica no regulada como la prostitución «excede las competencias autonómicas» y concluye que no cabe la modificación de la ley de Espectáculos en el sentido planteado. 

Las alegaciones de Igualdad y Economía (está por ver si llegan algunas más, porque el plazo finaliza el 30) trasladan con claridad las diferencias que se vieron en la comparecencia de Oltra del pasado viernes, cuando la portavoz del Consell ya cuestionó el discurso abolicionista.

Justicia dice que es competente porque las prostituidas son víctimas 

La Conselleria de Justicia y Administración Pública defiende que sí que es competente para abordar la situación de las mujeres prostituidas porque considera que todas ellas son víctimas de violencia machista, no solo las que están en redes de trata de personas. Desde esa premisa entiende que tienen derecho al estatuto de víctimas de violencia de género. 

Una vez que finalice el plazo de alegaciones, el departamento de Gabriela Bravo deberá decidir qué modifica. A la vista del documento de Igualdad, si mantiene el anteproyecto y lo eleva al Consell, se presume un foco importante de conflicto. Una forma también de fijar posiciones en el tablero electoral a un año de sacar las urnas.

De momento, Bravo ha contado con el respaldo firme del PSPV, que el viernes salió a rechazar de forma pública la posición de la vicepresidenta. Las socialistas, abanderadas del abolicionismo, airean una proposición aprobada en las Corts en octubre pasado con el apoyo también de Compromís. Esta incluía «instar al Gobierno del Estado español a establecer los mecanismos necesarios para la abolición de la prostitución». Al tiempo, urge al Consell a establecer «medidas que disuadan la demanda (la compra de la prostitución), medidas que conducirán a la reducción de la oferta». 

En esta línea, Justicia presentó recientemente un marco de ordenanza municipal para abolir la prostitución. Y en la misma sitúa el PSPV la modificación de la ley de Espectáculos.

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