Las defensas del caso Alquería han solicitado la nulidad de las actuaciones y que se retrotraiga la instrucción al momento en el que se levantó el secreto del sumario como única solución, alegan, para garantizar el derecho de defensa, según han manifestado todos los letrados de las defensas. El juicio del caso Alqueria ha comenzado este lunes en la sección primera de la Audiencia de València con cuarenta minutos de retraso debido a problemas técnicos con el sistema de grabación de la vista.

Y con una absolución dictada in voce por la presidenta del tribunal de la sección primera de la Audiencia de València. Se trata de Pau Pérez Lledó, exalto directivo de Divalterra del área de Turismo y a quien sólo acusaban las acusaciones populares, el Partido Popular y Acción Cívica contra la corrupción, que han decidido retirar los cargos contra Pérez Lledó por lo que ha podido abandonar la Sala Tirant II antes de que empezara formalmente la vista, con las cuestiones previas que se prevé continúen hasta el 25 de noviembre.

La primera en intervenir ha sido la defensa del expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien ha solicitado que se modifique el calendario para que la declaración del alcalde de Ontinyent se celebre al final del juicio, después de las declaraciones de los testigos y las periciales, para garantizar su derecho de defensa. Una petición a la que se han sumado el resto de los trece acusados que se sientan en el banquillo desde hoy y hasta el 25 de noviembre. Una petición que "no es un capricho", ha defendido su letrada, sino que busca poder interrogar a "los once testigos que declararon en fase preprocesal", cuando la causa aún no estaba secreta, por lo que las defensas no pudieron interrogar a los testigos. Una crítica que han repetido otros abogados de las defensas.

La letrada de Rodríguez también ha criticad o la desproporcionada actuación policial del 28 de junio, cuando el entonces presidente de la Diputación de València y su entorno más cercano fueron detenidos. Así como la incautación por parte de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (Udef) de "todos los correos de una cuenta personal de mi representado, con mensajes desde 2003 -cuando se abrió la cuenta- hasta 2018, de los que sólo se ha incorporado a la causa siete correos" por lo que la abogada solicitó la destrucción del material intervenido.

Jorge Rodríguez ha llegado a la Ciudad de la Justicia acompañado de un nutrido grupo de concejales y simpatizantes de la Vall ens Uneix, el partido que creó en Ontinyent y con el que gobierna con mayoría absoluta en la capital de la Vall d'Albaida.

El letrado del exjefe de Gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, ha sido el primero en pedir la nulidad de todas las actuaciones y la expulsión de la acusación del PP de la causa, como acusación popular por "falta de legitimación en el proceso" ya que en la personación, ha alegado, ni siquiera comparece el portavoz del grupo popular en la Diputación de València.

A estas dos peticiones, a la que se han sumado el resto de las defensas, otras defensas han añadido la petición de que declaren el exjefe de Gabinete de Jorge Rodríguez, José Manuel Orengo, así como el resto de diputados provinciales que formaban el grupo socialista en la Diputación de València, como la actual ministra de Ciencia, Diana Morant, el actual presidente de la Diputación Toni Gaspar, entre otros. Una petición que ya fue rechazada por la sección primera durante la fase preparatoria del juicio.