Les Corts investigará la gestión del sector público del Botànic a petición de PP y Vox

PP y Vox siguen al ataque contra la gestión del sector público del Botànic. Ambas formaciones registraron este jueves en las Corts una petición conjunta para activar una comisión de investigación, la primera de la legislatura, sobre las «irregularidades» en estos organismos públicos durante los mandatos de la izquierda que este martes expuso ampliamente el president Carlos Mazón.

La iniciativa coral da continuidad a la ofensiva iniciada por el jefe del Consell y según explicaron sus síndics, Miguel Barrachina y José María Llanos, persigue «conocer la verdad» sobre el incremento del gasto en estas empresas, poner freno a las supuestas irregularidades y explorar posibles responsabilidades de los presuntos implicados. 

Los socios del gobierno valenciano acordaron que la investigación abarque desde 2016 hasta 2023, casi todo el periodo del Botànic. PSPV y Compromís solicitan que arranque en 1995. La intención de PP y Vox es que los comparecientes, que serán elegidos por la propia comisión y que no quisieron adelantar, sean técnicos de los organismos implicados así como responsables políticos de los anteriores Consells. 

Un ejemplo

No concretaron nombres, pero citaron a modo de ejemplo a Ximo Puig como máximo responsable y a Gabriela Bravo por estar al frente de Justicia, área de la que depende la agencia de Emergencias, uno de los entes señalados por Mazón. Según denunció, este órgano habría tratado de contratar a 1.800 personas a puertas de las elecciones sin aval de la dirección general de Presupuestos. 

Sin embargo, Barrachina relativizó el papel en todas estas presuntas irregularidades de Mako Mira, la máxima responsable del sector público con el Botànic y que Mazón ha mantenido en su nuevo Consell y en el mismo puesto. El síndic del PPCV afirmó que «los responsables son los gerentes» y achacó a la táctica política que el PSPV ponga de relieve la continuidad de Mira en el nuevo Consell pese a las denuncias que airean. «Es curioso que Mazón mantenga a la responsable del desastre», ironizó ayer el síndic del PSPV, José Muñoz.

Irá a pleno en febrero

Una vez registrada la propuesta de la comisión de investigación, la iniciativa irá a pleno en febrero y será aprobada y constituida gracias a la mayoría de PP y Vox en las Corts. Posteriormente se fijará el calendario de comparecencias. El plazo máximo para las conclusiones es de 18 meses.

Esta comisión de investigación es la iniciativa de mayor calado presentada en conjunto por PP y Vox hasta ahora. Barrachina defendió su puesta en marcha al señalar que las «irregularidades» fueron «generalizadas» con el Botànic y no un «error aislado», recordando que los entes fiscalizadores cuestionaron la conducta de «50 de las 54» empresas públicas. Por eso, defendió el derecho a «conocer la verdad» de los valencianos y que se depuren «responsabilidades» por esos 254.000 contratos «a dedo» por valor de 713 millones de euros. Llanos coincidió en la necesidad de «analizar las gravísimas irregularidades».

Los síndics de PP y Vox no supieron cifrar cuántos de los 4.000 contratos que denuncian que fueron formalizados sin informe durante 2022 corresponden a consorcios sanitarios o a la emergencia de la pandemia. En todo caso, puntualizaron que los contratos «requieren rigor» y «un informe favorable».

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