La izquierda agita la ley de Concordia para escorar al PP y vincularlo a Vox

Ni la sordina de la burocracia parlamentaria, ni la coincidencia de cinco leyes a la vez, ni el trámite de urgencia, ni el perfil bajo del PP nacional reducirá los decibelios en torno a la ley de Concordia, más bien al contrario. El informe de la ONU ha devuelto a la primera línea las leyes de los populares y Vox sobre memoria histórica, una crítica que la izquierda valenciana ha tomado de impulso para redoblar su ofensiva contra esta legislación tanto en su tramitación en las Corts como fuera de ella para hacer de este asunto uno de sus acicates con los que desgastar al Consell y espolear a sus bases de cara a las europeas.

Por plazos, y a diferencia de lo que ocurre en otras autonomías como Castilla y León y Aragón, lo que es seguro es que la ley no se habrá aprobado antes de la cita con las urnas, el 9 de junio. La tramitación de urgencia de populares y voxistas está encaminada a que la ley reciba luz verde definitiva en julio, en el límite del actual periodo de sesiones. Hasta entonces, y con una campaña electoral de por medio, PSPV y Compromís tratarán que su avance en el ámbito parlamentario no haga languidecer su debate y mantener esta norma lo más visible.

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No es casualidad en este marco que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez acuda a Alicante este miércoles por el Día de recuerdo y homenaje a los hombres y las mujeres que sufrieron el exilio. El Ejecutivo central ha formado parte desde el primer momento en el objetivo de airear estas normas y avivar su debate con el anuncio de futuros recursos, protesta ante las Naciones Unidas y visita de ministros al Cementerio de Paterna.

Este miércoles será el turno del presidente del Gobierno a un lugar simbólico desde el que partieron los últimos exiliados republicanos. Lo que no se nombra no existe y se espera que la ley de Concordia sea una de las menciones más habituales de Sánchez este miércoles para mostrar a un PP dependiente de Vox, una relación que en julio le sirvió para remontar las encuestas.

Enmiendas

Al debate estatal, que siempre permite amplificar el eco de lo que ocurre en territorio autonómico, se une la acción parlamentaria donde se está desarrollando la ley. En esta, el próximo paso será la presentación de enmiendas. Una vez cerrado el plazo de participación ciudadana, socialistas y valencianistas tienen una semana para presentar tanto la petición para cambiar todo el proyecto legislativo como para modificarlo parcialmente. Ambas formaciones presentarán seguro enmiendas a la totalidad con un texto alternativo que será la ley vigente del Botànic que en el caso de los socialistas incorporará actualizaciones a la norma estatal, pero hay más dudas de si llevar o no enmiendas parciales.

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En el caso de Compromís, su síndica adjunta, Isaura Navarro, señala que solo presentará enmiendas de supresión y estudia canalizar las que presenten las organizaciones que intervinieron en la comparecencia parlamentaria del viernes como, por ejemplo, sobre bebés robados. «La ley no regula, desregula, hurta derechos humanos e insulta la inteligencia colectiva e historia de España; la única alternativa es mantener la ley vigente, que regula derechos y ofrece las garantías propias de un texto legal», explica la parlamentaria valencianista, es decir, que están en contra de la nueva ley en su totalidad.

Primera contienda de Morant

Misma línea para el PSPV que dudan de la conveniencia de presentar enmiendas parciales. Los socialistas consideran que la ley es difícilmente mejorable de manera parcial, mensaje que se reforzaría si no se presenta enmienda ninguna, a lo que también se añadiría el riesgo de que el PP aceptase alguna de estas a la norma, tratando así de frenar la virulencia de las críticas de la oposición. Sin embargo, hay voces dentro de la formación que señalan que presentar enmiendas, aunque sea de supresión para eliminar algunos de los artículos que componen la norma, permite intervenir en la comisión y en el pleno una vez más en las Corts.

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Los socialistas difícilmente podrán retrasar la ley ni impedir que salga adelante, pero no desaprovecharán su tramitación para hacer de ella una de las banderas en la primera contienda electoral, la de las europeas del 9 de junio, de Diana Morant como secretaria general del PSPV. Así, hasta que se apruebe y se vea el recorrido judicial, el objetivo es, explican fuentes de los grupos de izquierdas en las Corts, no renunciar a ningún espacio desde el que dar la batalla contra la norma.

Esta volverá a formar parte de la sesión de control al jefe del Consell la próxima semana —será la tercera consecutiva—, a lo que añadirán informes de entidades al respecto y en el futuro estarán los tribunales. La interpretación que hacen es que esta norma, pese a que no provoque grandes movilizaciones en la calle, evidencia la unión de PP y Vox y aleja la imagen de centralidad que trata de mostrar Carlos Mazón respecto a su gobierno.

De hecho, es por ahí por donde los socialistas insistieron ayer en sus críticas al president de la Generalitat. El síndic del PSPV consideró al dirigente alicantino como el barón del PP «más radicalizado» al mostrarse «orgulloso» de estas normas mientras el PP nacional «se avergüenza» de ellas. Así, frente a otras autonomías donde se estudia un «enfriamiento» de la puesta en marcha de la ley, para no coincidir con las europeas, Muñoz señala que en la Comunitat Valenciana el PP quiere ir «muy rápido».

Cambios presupuestarios

El jefe del Consell ha defendido la norma en todo momento y la semana pasada presumió que desde su mandato se han iniciado 422 exhumaciones de víctimas del franquismo. El presupuesto para estas exhumaciones generó un choque la semana pasada después de que Presidencia aprobara una modificación presupuestaria en la que retiraba medio millón de euros para este fin para destinarlo al Instituto de Memoria Democrática, un «aplazamiento», según el Consell por el que culpó al Botànic por no prever las inversiones suficientes para esta infraestructura.

No obstante, los socialistas replicaron el lunes que en el debate de los presupuestos presentaron enmiendas para este instituto por valor de 220.000 euros, que fueron rechazadas. «No se creen la política de memoria democrática, están usando a Vox para hacer su programa electoral», señaló en este sentido la diputada socialista, Mercedes Caballero. 

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