El desperdicio alimentario en los hogares ha bajado un 13,5% desde la pandemia

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, por segunda vez en poco más de un año, al proyecto de ley para evitar las pérdidas y el desperdicio alimentario, una propuesta que estuvo a punto de ver la luz en la pasada legislatura, pero que finalmente decayó por el adelanto de las elecciones generales. La normativa, que ha sido presentada tras la reunión ministerial por el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prevé, entre otras cuestiones, que todas las empresas implicadas en los procesos de la cadena alimentaria cuenten con planes para minimizar las pérdidas de alimentos y prevé multas de hasta medio millón de euros para las infracciones más graves.

"Partimos de varios puntos positivos -ha destacado Planas- como es el hecho de que desde la pandemia los hogares españoles hayan reducido un 13,5% el desperdicio de comida, y que solo entre 2021 y 2022, que es el último del que tenemos datos, esta rebaja haya sido del 6,1%". Las encuestas que maneja el ministerio, ha agregado el ministro, señalan que casi un tercio de las familias, un 29% para ser exactos, asegura que ya no genera desechos alimentarios o que si los produce, estos son muy bajos. "Es un 3% más que en 2021", ha subrayado.

La nueva ley obligará a las empresas que están en contacto directo con los consumidores a que establezcan convenios con entidades sin ánimo de lucro para la donación de los excedentes. "Los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados de superficie están obligadas por ley a tener este tipo de convenios", ha insistido Planas, que ha recordado que "bares, restaurantes y tabernas tendrán que ofrecer la posibilidad a sus clientes de llevarse a sus casas las sobras de comida o bebida que no hayan consumido".

En España se pierden 1.300 millones de litros y kilos de alimentos al año y, en el planeta, la producción alimentaria que se tira genera un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo con el agua que se pierde en el conjunto de Europa para producir los alimentos que luego se despilfarran, el equivalente a 250 kilómetros cúbicos, se podría llenar, por ejemplo, un total de 1.515 veces el embalse de Sau, uno de los que más está sufriendo los efectos del actual episodio de sequía en Catalunya.

Un año de tramitación

La norma, que se encontraba ya en el Senado la pasada legislatura, dependerá de un nuevo trámite parlamentario que comienza ahora, pero el Gobierno prevé su entrada en vigor para el próximo 1 de enero de 2025, de manera que todos los operadores puedan adaptarse a la norma, ha indicado Planas, que ha señalado que si bien se trata de una ley prescriptiva que estable obligaciones, "esta sobre todo es una ley muy pedagógica” para prevenir el desperdicio alimentario. La idea, ha proseguido, es la de que "aquí no te tira nada", un lema con el que el ministerio ha hecho ya una campaña y que se sustenta en cuatro pilares: la eficiencia económica, el impacto ambiental, la justicia social y un componente moral y ético, "ya que en el mundo hay casi 800 millones de personas que sufren hambre o malnutrición".

La futura norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, con prioridad máxima para el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos. En un nivel posterior, se contempla la posibilidad de que estos alimentos sean transformados en nuevos productos, como zumos o mermeladas. Y cuando ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos o su transformación en biocombustibles.

Productos 'feos'

Además, el proyecto de ley establece también medidas de buenas prácticas, tanto para la Administración como los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Planas ha citado la posibilidad de que los establecimientos comerciales dispongan, por ejemplo, de líneas de venta de productos considerados 'feos', imperfectos o poco estéticos, que promuevan el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos, y que incentiven la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.

La Unión Europea, ha recordado el titular de Agricultura, está también trabajando en este ámbito, con un reglamento que podría ser aprobado en los próximos meses, y que permita una reducción para 2030 del desperdicio alimentario del 10% en la industria y del 30% en el comercio minorista, la restauración y los hogares. Y, dentro de España, algunas comunidades autónomas, como Cataluña, ya cuentan con una ley propia que limita el derroche de alimentos y cuyo despliegue podría iniciarse durante el primer semestre de este 2024.

El régimen sancionador previsto en la propuesta de ley estatal establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para la que prevé sanciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros, que pueden llegar a los 500.000 euros en caso de reincidencia.