El Gobierno ofrece 700 millones en créditos ICO y ventajas fiscales para apaciguar a los agricultores

Dos meses después de que empezaran las protestas de agricultores en España, y una vez que las agitadas aguas parece que se empiezan a calmar, el Ministerio de Agricultura ha presentado este lunes un nuevo paquete de medidas para tratar de responder a sus reivindicaciones. Se trata, según ha explicado el titular de este departamento, Luis Planas, de un "conjunto sólido" formado por 43 propuestas, negociadas en el transcurso de la quincena de reuniones que en este tiempo han mantenido técnicos del ministerio y de las principales organizaciones agrarias en España.

Entre las novedades planteadas por el Gobierno -y que ahora los representantes del sector tendrán que avalar-, destaca la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 700 millones de euros, de los que 500 millones serán para inversiones del sector agropecuario y 200 millones se reservarán exclusivamente a jóvenes profesionales. También prevé ventajas fiscales que pasan por prorrogar hasta el final de esta legislatura la deducción del 35% del coste del combustible de uso agrario, y la del 15% de los fertilizantes.

Y tan importante como esos dos descuentos: los agricultores acogidos al régimen de módulos del IRPF podrán a incrementar en cinco puntos, hasta el 15%, la reducción general en el rendimiento neto en la declaración correspondiente a 2023, según aparece en el documento enviado la semana pasada a las organizacines agrarias. El problema, han indicado fuentes del Ministerio de Hacienda, es que la medida se anuncia justo el día en que empieza la campaña de la renta, que se rige por una orden ministerial que establece que esta reducción será solo del 10%.

Estas son las propuestas más destacadas del plan de choque agrario

Una tercera medida dentro de este capítulo es la que determina una revisión de los ingresos por compensación por IVA, de manera que más agricultores se puedan acoger a la tributación en el régimen de estimación objetiva por módulos. 

Las 43 propuestas del plan de choque se dividen en siete ámbitos, ha detallado Planas. Algunos de ellos son ya conocidos, como el de la flexibilización y ajuste de la política agraria común, la polémica PAC, que el martes pasado fue objeto de revisión por parte de los ministros de Agricultura de la UE, reunidos en Bruselas. "Solo falta que el Parlamento Europeo le o dé luz verde para que entonces podamos aplicar en España los ajustes necesarios en el plan estratégico nacional o en los ecorregímenes", ha señalado el ministro. También se había hablado ya de las ayudas específicas a la ganadería extensiva, que sufre una crisis particular dentro de la crisis generalizada del sector, y de la creación de una agencia estatal sobre la cadena alimentaria.

Ayudas fiscales y de financiación

Dentro de este plan destacan, sin embargo, dos propuestas relacionadas con las actividades comerciales y con las ayudas fiscales, de financiación y laborales. En el primer bloque figura la constitución de un grupo de trabajo permanente que haría el seguimiento de las exportaciones e importaciones agrarias, con el objetivo de llevar un control estricto sobre los productos llegados de países de fuera de la Unión Europea (UE). Esta es una de las cuestiones que más preocupados tiene a los agricultores y ganaderos españoles, que consideran que los productos que llegan de países extracomunitarios son una competencia desleal, porque no se cumplen los requisitos ambientales y de mano de obra que sí se reclaman en Europa.

El otro ámbito, el de las ayudas fiscales y la financiación, es el que contempla los créditos ICO, con una línea de préstamo con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y siete millones para avales, con subvención del 15% del principal y de la totalidad del aval, para jóvenes. Además, el ministerio aportará 50 millones de euros para operaciones de crédito de entre 100.000 euros y dos millones de euros por un importe total de 500 millones de euros.

Este apartado incluye además el mantenimiento de la deducción de carburantes y fertilizantes y propone una reducción general del 15% en el rendimiento neto para aquellos productores que se acogen al régimen de módulos agrario, en el ejercicio fiscal de 2023, que se está negociando aún con Hacienda. Hasta ahora la deducción estaba prevista en el 10% para la declaración que se hace ahora y en el 5% para la del año que viene. En la correspondiente a 2022 ascendió a un 25%.

Las otras dos áreas de medidas pasan por el refuerzo del seguro agrario, para el que Planas ha vuelto a solicitar una mayor implicación de las comunidades autónomas, y por la celebración de una conferencia sectorial para la incorporación de jóvenes. Sobre el calendario de la entrada en vigor de las propuestas, el ministro ha sido algo más vago. Algunas podrían ponerse en marcha forma inmediata; otras tendrán que esperar, como las relativas a la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con países terceros.

Las primeras reacciones de las asociaciones agrarias, que conocen las propuestas desde la semana pasada, son, en líneas generales, positivas. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), se considera que hay avances en la mayoría de exigencias planteadas por el sector, mientras que la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), es más crítica y lamenta que el plan de Planas no cubre la totalidad del problema del sector en España.