Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo para desbloquear el Parlament, que lleva sin prácticamente ninguna actividad desde el mes de julio. Las formaciones independentistas han hecho de nuevo orfebrería política y semántica para salvar sus diferencias acerca de la suspensión temporal de los seis diputados procesados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Finalmente, los señalados, entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, designarán a otra persona de su grupo para que vote por ellos.

Los seis diputados -Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sánchez, además de Puigdemont y Romeva- no podrán participar efectivamente en las votaciones, y tampoco cobran su sueldo como parlamentarios desde hace meses. Sin embargo, tanto JxCat como ERC se empeñaron en subrayar que mantendrán el acta, y que lo más importante es que los independentistas seguirán teniendo mayoría en el pleno.

El acuerdo provocará los efectos buscados por Llarena. El magistrado proponía que «los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus candidaturas, si tal decisión se contemplase por el Parlament», para no alterar las mayorías de la Cámara. Y eso es lo que va a pasar. Sin embargo, los independentistas han evitado el sometimiento formal a Llarena: la suspensión no será automática, sino que la decidirá el Parlament.

El mecanismo acordado por JxCat y ERC contempla que sea la Comisión del Estatuto del Diputado quien elabore un dictamen que luego votará el pleno. Ese texto ya está preparado, aunque habrá un periodo para presentar enmiendas. Tiene dos puntos que se someterán a la consideración de los diputados: el primero, que será rechazado por los grupos independentistas, plantea «la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios» de los diputados señalados por Llarena. El segundo, sin embargo, añade que «mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas», esos «derechos parlamentarios» podrán «ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen». Ese punto será aprobado. En esencia, el pacto recoge la fórmula que ERC -avalada por un informe de los letrados del Parlament- defendió en julio, y que JxCat no aceptó entonces, lo que provocó la suspensión del último pleno previsto antes del verano.