Al final, el Gobierno derogará la reforma laboral de 2012 del PP. Y emplea esa palabra, “derogación”. La que tanto perseguía Unidas Podemos, la que figura en el acuerdo de coalición firmado por los dos socios en diciembre de 2019 y de la que tanto rehuía el sector socialista del Ejecutivo. Pero ese es el acuerdo alcanzado este martes en la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. En el encuentro, de apenas una hora, participaron además los responsables de Hacienda, María Jesús Montero; Inclusión, José Luis Escrivá, y Educación, Pilar Alegría. También se incorporó la portavoz, Isabel Rodríguez.
Tras la cita, Moncloa emitió un comunicado para solemnizar el acuerdo interno. Y en él se incluye, en el punto primero, el compromiso del Gobierno para la “derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea”. Ese era el compromiso que invocaba repetidamente Díaz y el que queda ahora de nuevo por escrito. La vicepresidenta vence, por tanto, a nivel de relato, y así lo destacaban en su equipo nada más conocerse el pacto en el seno del Ejecutivo. Pero, en el fondo, ese compromiso nunca murió.
Lo que sí ocurrió es que los socialistas rechazaban el término. El propio presidente ha recalcado en las últimas semanas que el Gabinete pretende “modernizar” el marco de relaciones laborales, y el pasado domingo, en Roma, tras el G-20, hablaba de que había que reconstruir “algunas de las cosas” que se hicieron “mal” en 2012. Esa afirmación irritó a los morados, y por ello la Moncloa se dispuso a aclarar de inmediato que la reforma será “estructural”. A nivel discursivo, el mensaje de este martes lanzado por la Secretaría de Estado de Comunicación vuelve a la terminología del arranque de la andadura de la coalición. Un gesto más político que otra cosa, porque ni siquiera en aquel acuerdo de 2019 se incluyó el fin de toda la legislación del PP, como el abaratamiento del despido, que ahora no está encima de la mesa.
“La temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás. Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y, al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación”, señala el comunicado, que se atiene también a las palabras de los últimos días de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
El segundo punto de la nota reconoce el “trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento”. Es decir, las conversaciones lideradas por el ministerio que pilota Díaz desde marzo de 2021. Sobre esa base, sigue, el Gobierno busca, “a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado”.
"Creo que hoy ganan los trabajadores", reivindicó Díaz horas después a su entrada en el Senado. La vicepresidenta segunda se mostró "satisfecha" con el acuerdo alcanzado en el seno del Ejecutivo. A una pregunta de una senadora del PP sobre los planes del Gobierno en relación a la reforma laboral, la líder de los morados le pidió calma: "Esté usted tranquila. Sánchez, Calviño, el PSOE, Podemos y yo misma vamos a acabar con los errores de la política del PP".
El Gobierno "cumple con la palabra dada"
Es decir, que se perseguirá el consenso con patronal y sindicatos. Los socialistas consideraban que si no estaban presentes en la negociación se corría el riesgo de que los empresarios se descolgaran, percepción que desmentían en el equipo de Díaz, donde hacían valer todos los acuerdos firmados con ambas partes. El Ejecutivo considera que esa “voluntad” de alianza con trabajadores y empresas “es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el componente 23 del plan de recuperación”. El componente 23, la parte del plan de recuperación remitido a Bruselas relativa al mercado de trabajo, también ha sido muy reivindicado por la vicepresidenta segunda en estos días de crisis interna.
El objetivo del Gobierno, rubrica el comunicado en su tercer y último punto, es “construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que acompañe el proceso de modernización de la economía gracias a los fondos europeos, a través del diálogo social”. Expresiones calcadas a las usadas por Sánchez en estas últimas semanas.
El Ejecutivo de coalición subraya que cumple “con la palabra dada”, porque el objetivo es tener lista la reforma laboral en el plazo fijado con Bruselas, antes del 31 de diciembre de 2021, alumbrando una “legislación laboral moderna que revise los desequilibrios” de la legislación impulsada por el PP en 2012 y que “deje atrás los problemas estructurales” del mercado de trabajo. El Gabinete insiste en que así continúa con la senda ya iniciada con la derogación del artículo 52.d que permitía “el despido por baja médica, los reglamentos de igualdad, los ertes, la ley rider o el trabajo a distancia”.
"Seguridad jurídica"
El acuerdo alcanzado este martes es de carácter sobre todo político, porque no se entra al detalle de los contenidos. A la letra pequeña. Lo que busca es sosegar a la parte morada del Ejecutivo, reconociendo por un lado las negociaciones de Trabajo de todos estos meses (Calviño había definido esas conversaciones como contactos “preliminares”, y aquello soliviantó al equipo de Díaz), y remarcando la palabra “derogación”.
El acuerdo de coalición de 2019 detalla claramente la anulación de algunos aspectos de la legislación del PP. No todos. Principalmente, las dos fuerzas se comprometieron a recuperar la ultraactividad indefinida de los convenios y la prevalencia sectorial de los mismos. El texto explicita suprimir “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa”. Es decir, que una empresa no pueda crear un convenio propio para rebajar las condiciones pactadas en el sector. También la de recuperar la vigencia de un convenio “hasta la negociación de uno nuevo”. Pero, por ejemplo, no aborda el abaratamiento del despido (por la indemnización o la causalidad), uno de los ejes de aquella norma de Mariano Rajoy y que está fuera de las conversaciones con patronal y sindicatos.
La portavoz, Isabel Rodríguez, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, se atuvo a la literalidad del comunicado, sin entrar en los detalles. Insistió en remarcar los puntos fundamentales del pacto: que los trabajos previos, de estos meses, son "positivos", que ahora la negociación entra en la "recta final" y que una "mayor coordinación del Gobierno es positiva para avanzar en el diálogo y conseguir el mejor acuerdo para los trabajadores" y que dé la mayor "seguridad jurídica" a las empresas. Ella insistió en que construir ese nuevo marco de relaciones laborales era un compromiso de investidura del presidente, compromiso que se reafirma este martes. Pero ella misma se resistió a pronunciar la palabra "derogación" hasta el final de la comparecencia, cuando se le preguntó qué había pasado, porque en todo este tiempo de crisis el ala socialista del Ejecutivo rehúsa emplear ese término.
Aplauso de los agentes sociales
"Sería muy pobre referirnos a lo que está planteando el Gobierno como una cuestión semántica. Cualquier nueva normativa implica la derogación de la anterior. Técnicamente no puede producirse una derogación sin algo alternativo", explicó, para agregar que el Gobierno ha entendido que “no era posible quedarse solo con una contrarreforma”, ya que el país necesita un proyecto “más ambicioso” y “transformador”, que "mira al futuro". "Si eso requiere de pararse un instante, o una hora, para recomponer cuestiones y trazar bien la metodología para que el Gobierno pueda avanzar de forma rigurosa en el diálogo social, bienvenido sea porque el resultado es positivo", justificó. Rodríguez argumentó que un Ejecutivo bipartito exige de "pedagogía acerca de la coalición" y de "mejora" en la forma en que se relacionan las fuerzas que lo componen.
El tiempo se agota. Calviño y Díaz están de acuerdo en que la negociación con los agentes sociales ha de completarse en noviembre, porque luego el acuerdo debe traducirse a un real decreto ley. Fuentes de la Moncloa indicaron que una posibilidad es que este se apruebe en diciembre (y de inmediato entraría en vigor, con lo que se cumpliría con Bruselas), aunque luego el Congreso lo convalidara en enero.
Las primeras reacciones de los agentes sociales al acuerdo fueron positivas. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó de “buena noticia” el pacto interno y consideró que con dicha entente “el Gobierno se hace corresponsable de las propuestas que el propio Gobierno ha venido trayendo a las mesas […]. Da fiabilidad a las mesas de diálogo social”.
