La Policía cree que una docena de empresarios se organizó y amañó contratos en el Ayuntamiento de Córdoba

Varias de las empresas investigadas por la Policía Nacional y bajo el foco del caso Infraestructuras se crearon hace menos de cinco años y solo con días de diferencia. Estas empresas, hasta un total de 8 según las fuentes consultadas, pertenecerían además a los mismos administradores y están siendo investigadas por supuestas irregularidades cometidas en 2020 en la adjudicación de contratos de obras menores de la citada Delegación de Infraestructuras.

Hasta una docena de empresarios pasaron el lunes por la sede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), en la Comisaría de Campo Madre de Dios, al igual que lo hizo el concejal no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, para que los agentes les tomaran declaración. Todos ellos fueron detenidos y salieron en libertad con cargos por la supuesta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal, aunque ahora irán siendo llamados por el juez titular del juzgado número 4 de Córdoba que instruye la causa y que emitirá en unos días un nuevo auto a la luz de las novedades.

La Policía investiga, por tanto, si un grupo de empresarios concertó su actividad para beneficiarse de la adjudicación de contratos municipales y, a su vez, si los técnicos y demás implicados se beneficiaban además de ese proceso por medio de regalos o pagos en especie. Por ejemplo, publica hoy ABC Córdoba, que ese intercambio podría estar ejemplificado en el pago con la estancia para dos personas de un balneario de lujo a cambio de algún contrato.

Fue este juez, José Luis Rodríguez Lainz, el que encargó el pasado mes de mayo a la Policía Nacional una investigación sobre estas empresas, algunas de las cuales ya habían sido señaladas por la asesoría jurídica municipal en un informe que le encargó el alcalde, José María Bellido, y que se elevó a la Fiscalía --poco después de la denuncia de IU y Podemos-- dando pie al caso.  

Además de los señalados, en esta causa judicial están también investigados o imputados la excoordinadora general de Infraestructuras, un cargo político designado por el propio David Dorado, y un técnico municipal (jefe de la unidad de mantenimiento de edificios y colegios) que fue nombrado al inicio de este mandato, en 2019, y que a mediados de noviembre se puso a disposición de la Policía «para colaborar y clarificar cualquier aspecto en la investigación», según explicó él mismo en un escrito. El funcionario reaccionó así después de que el equipo de gobierno denunciara que tras la marcha del propio Dorado de la delegación de Infraestructuras, en noviembre del 2021, se siguieron haciendo facturas sospechosas que se enviaron también al juez y están sin abonarse hasta que se aclaren los hechos.

Meses investigando

Los agentes de la Policía Judicial llevan meses investigando a esta docena de empresarios, sus cuentas bancarias, sus vínculos, así como la existencia de coincidencias entre estas sociedades y los imputados o si entre la lista de adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos para esas licitaciones se repetía algún patrón similar. 

Precisamente, en el inicio de toda esta historia, la primera denunciante del caso Infraestructuras, la concejala Amparo Pernichi, señaló a la empresa Sierracon, la adjudicataria de la obra de la avenida de Libia que se certificó sin haber concluido y en la que podrían haberse fraccionado contratos. Aquella empresa --que tenía su domicilio social en un piso habitado por unos ancianos en el Campo de la Verdad-- fue invitada al 80% de los contratos menores que se publicaron en el cuarto trimestre del 2020. Y ya entonces, era abril del 2021, quienes destaparon el caso y quienes siguieron investigando hablaban de que solo era "la punta del iceberg".

Suscríbete para seguir leyendo