El Gobierno exige al PP que retire al recurso porque tiene consecuencias "impredecibles"

Las dudas que hará el lunes el Tribunal Constitucional, cuando el pleno se reúna de nuevo para estudiar si acepta el recurso del PP y su petición de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial, han llevado este viernes al Gobierno a pedir públicamente al Alberto Núñez Feijóo que lo "retire" porque sus consecuencias pueden ser devastadoras. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el PP "ha ido demasiado lejos" y "está tensionando las instituciones, el Congreso, el Senado y el TC, retorciendo la ley" para que suceda algo que no ha ocurrido nunca ni pasa en otros países que es "parar úna votación democrática, de un Parlamento democrático".

"Es impredecible ese recurso", dijo Bolaños. Y "no quiero ni pensar las consecuencias para la democracia si ese recurso es estimado". "Nadie puede parar una votación de diputados elegidos democráticamente por los españoles".

La sensación en el Ejecutivo, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha corroborado públicamente, es que se está produciendo una  "maniobra" conjunta entre Génova y el Alto tribunal para paralizar el cambio a una mayoría progresista en el TC. El PP, con la presentación del recurso y la petición de cautelarísimas para impedir la tramitación legislativa , y el Constitucional, con la "sorpresa" de convocar el pleno de urgencia de ayer que ha sido aplazado al lunes. Un movimiento que fuentes del Gobierno atribuyen a que, tras romper las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del propio TC, que propiciarían en ambas instituciones una mayoría progresista, los populares creían que los socialistas tendrían que esperar hasta las próximas elecciones.

El jueves por la noche, en una comparecencia en Bruselas tras el Consejo Europeo, Sánchez aseguró que "estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo la política sino la jurídica jaleada por la derecha mediática y esto es inaceptable".

Los socialistas ven claro que hay urdida una operación entre el PP y algunos miembros del tribunal, en especial el presidente, Pedro González-Trevijano y Enrique Arnaldo, ponente de la resolución. "No son ni siquiera jueces, no son el Poder Judicial, son sólo catedráticos". Es un "golpe institucional", un "atropello", defienden distintas fuentes del partido, con conexiones también fuera de la política y de la judicatura. El objetivo, mantienen, es impedir a toda costa una mayoría progresista en el TC. Trevijano es, además, uno de los que tienen el mandato caducado.

En el Ejecutivo explican que con la presentación de enmiendas a la reforma de la sedición y la malversación para cambiar el sistema de votación del CGPJ, los populares se pusieron "muy nerviosos". Para la actualización del órgano de los jueces no había margen pero PSOE y Unidas Podemos tocaron la ley del Poder Judicial con el propósito de imponer una mayoría simple que facilite que el CGPJ nombre a sus dos magistrados del TC. Esto es lo que el PP ha recurrido formalmente, porque las enmiendas se colgaron de la modificación del Código Penal sobre los delitos del procés. Lo inaudito para el Gobierno no es el recurso, sino el momento en que presentó, sin la votación del pleno aún consumada y la reacción del TC.