Ley de amnistía: las seis principales causas del 'procés' afectadas

A diferencia del indulto, que perdona toda o una parte de la condena, la amnistía supone perdonar la comisión del delito y, por tanto, borrarlo de los antecedentes penales. La ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts puede abarcar casi un centenar de causas penales con decenas de afectados. El efecto inmediato será el archivo de todas las causas abiertas en España que se encuentren incluidas en los supuestos amnistiados. Una previsible cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE no paraliza el archivo mientras se resuelven, aunque para evitar tentaciones la propia norma prevé un plazo máximo de dos meses para su aplicación.

Estas son las principales causas que pueden beneficiarse de la amnistía y sus afectados.

1. Condenados y huidos de la justicia española

Los primeros beneficiados serán los condenados por el Tribunal Supremo a penas de hasta 13 años de cárcel, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras,, a la cabeza. También los huidos para no enfrentarse a ese procedimiento judicial, liderados por el 'expresident' Carles Puigdemont. Aunque los primeros fueron indultados de las penas de prisión, siguen cumpliendo la inhabilitación a la que se les condenó, al entender el alto tribunal que, pese a la reforma penal realizada, que derogó la sedición y modificó la malversación, siguen siendo autores de este último delito en su modalidad más grave. Ahora se borrarán sus antecedentes penales y se le anulará la inhabilitación pendiente.

Puigdemont y los 'exconsellers' que le acompañaron a Bélgica podrán regresar a España sin riesgo alguno de ser detenidos, puesto que ya no podrán ser castigados penalmente. La orden de detención nacional en vigor decae inmediatamente con la entrada en vigor de la amnistía y ya no tiene sentido dictar las euroórdenes que estaban pendientes.

Las que han regularizado su situación, como la 'consellera' Meritxell Serret, ya condenada a un año de cárcel, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, pendiente de juicio por desobediencia, también verán automáticamente anulados los procedimientos en su contra. Lo mismo ocurrirá con Clara Ponsatí.

El caso de Marta Rovira es distinto: en la causa del Supremo por el 'procés' está procesada solo por desobediencia, pero la Audiencia Nacional acaba de imputarle un delito de terrorismo por su papel en la plataforma Tsunami Democràtic y el juez menciona heridos y hasta un fallecido durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat, un criterio que la fiscalía no comparte y que ha recurrido. En función de a quién dé la razón la Sala de lo Penal el procedimiento será archivado por la ley de amnistía o seguirá adelante, porque la norma impide el archivo si se trata de un delito de terrorismo, pero no con desórdenes públicos.

2. Diputados de ERC y cargos intermedios del Govern

Pendientes de juicio están los diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su papel en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. Se entrentan a una petición fiscal de siete y seis años y tres meses de cárcel, respectivamente. Estas pesquisas derivan de la causa abierta contra exaltos cargos de la Generalitat, procedimiento que se retrasó al incluir a la ‘consellera’ de Cultura, Natàlia Garriga, aunque a ella solo se le imputa desobediencia por presuntamente "desatender los mandatos del Tribunal Constitucional".

Por la organización del 1-O hay 28 exaltos cargos de la Generalitat y empresarios imputados. Entre ellos se encuentran la que era presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA); los exdirectores de TV-3 y Catalunya Radio Vicenç Sanchis y Saül Gordillo; el que fuer delegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj, y el exsecretario del Diplocat Albert Royo. La amnistía supondría el archivo de estos procedimientos.

Otros implicados son los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consellera de Igualtat, Tània Verge. Fueron absueltos, pero se ha ordenado la repetición del juicio, que ya no se producirá, porque su causa está incluida entre las amnistiadas.

3. Los CDR y las protestas contra la sentencia

Donde se acumula el mayor número de imputados es en los distintos procedimientos abiertos por los disturbios tras la sentencia del Supremo, en octubre de 2019. Las dos causas más importantes son las seguidos en la Audiencia Nacional. Una se dirige contra una presunta célula de 12 miembros de los Cómitès de Defensa de la República (CDR) a la que se imputa terrorismo y la posibilidad de preparar sustancias explosivas. La Sala de lo Penal ha abierto juicio contra ellos.

La otra es la de Tsunami Democràtic, que el mismo magistrado también ha reactivado en plena negociación de la amnistía, implicando al propio Puigdemont, a su asesor Josep Lluís Alay, Marta Rovira y otras 9 personas del entorno independentista. Les atribuye un delito de terrorismo, lo que amenaza con complicar la aplicación de la amnistía porque permitiría al juez recurrir la ley ante la justicia europea a través de una directiva que establece el compromiso de los estados para luchar contra el terrorismo. La fiscalía discrepa de la calificación de terrorismo y apuesta por rebajar los hechos a un delito de desórdenes públicos. En función de qué criterio triunfe, este procedimiento estará incluido en la amnistía o no.

4. Procedimientos contables ante el Tribunal de Cuentas

El primer efecto de la ley de amnistía puede darse en el juicio contra Puigdemont y otros 34 encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat. Está previsto para el 17 de noviembre. El tribunal ya rechazado la petición de la defensa del 'expresident' de suspender la vista alegando que el organismo fiscalizador no puede pronunciarse sobre su supuesta responsabilidad contable cuando la causa penal que dirige contra él el Supremo sigue abierta, pero previsiblemente le volverá a ser solicitado por la amnistía. Los procesados se enfrentan al pago de más de 5 millones de euros, según Sociedad Civil Catalana, o de 3,4 millones de euros, según la fiscalía, que, en caso de condena, deberían devolver a la Generalitat. La cantidad, abonada con fondos del Institut Català de Finances (ICF), quedará por saldada con la amnistía.

En cambio, los condenados por el 9-N no podrá recuperar los bienes que aportaron para cubrir la cantidad que se les ordenó resarcir por sentencia, porque las multas, sanciones e incluso indemnizaciones quedan fuera de la ley registrada este lunes.

recuperar los bienes que aportaron para cubrir la cantidad que se les ordenó resarcir por sentencia, porque las multas, sanciones e incluso indemnizaciones quedan fuera de la ley registrada este lunes.

5. Los policías de las cargas del 1-O

Actualmente hay casi medio centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil imputados por su actuación el 1-O para intentar impedir la votación. La amnistía deja fuera de la medida a los agentes a quienes se imputan delitos de torturas o contra la integridad moral. En Barcelona, 45 policías están imputados por su actuación "desproporcionada" para evitar el referéndum y el juez abrió la puerta a imputarles este delito que va más allá de las meras lesiones. El mismo juzgado tiene procesado al activista y excandidato de Junts al Senado Roger Español -quien perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma-, acusado de lanzar una valla contra la línea policial. También quedan fuera de la norma aquellos a los que se impute "actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte (...) , pérdida o inutilidad de un miembro o una grave deformidad". Los que sí se beneficiarán son la treintena de agentes imputados por las cargas en Girona y Aiguaviva, al solo imputárseles lesiones.

6. Las incógnitas de Buch y Alay

En los límites del 'procés' se sitúa la causa contra el exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar de asesor a un sargento de los Mossos para que siguiera escoltando a Puigdemont tras su huida de España. Y la de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por pagar con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia. Alay también está investigado por pedir información reservada a un mosso en el caso Voloh, que investiga los contactos de Puigdemont con Rusia y el desvío de fondos públicos para el 'procés'.

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