El abogado de Puigdemont dice que hasta el último momento su cliente no supo si podría venir por la amnistía

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez, encargada de juzgar la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del Govern, ha anunciado que se pronunciará por escrito sobre la petición de los nueve demandados de Esquerra, entre los que está el propio Oriol Junqueras, de suspender el procedimiento por la presentación de la ley de amnistía en el Congreso. Lo que no suspenderá es la vista de celebración de prueba prevista para este viernes, en la que estaba citado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como demandado, aunque no lo hará, al haberse rechazado hacerlo por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, afirmó que había esperado "hasta el último momento" a poder venir en persona por la amnistía.

La vista comenzó con la petición de suspensión de ERC y con la ausencia de Puigdemont, respecto a la que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, dijo que era público y notorio por qué no había comparecido, ya que está declarado en rebeldía en la causa del 'procés' seguida en el Tribunal Supremo, pero que no se le podía multar por no haber comparecido, como prevé la ley de enjuiciamiento civil, porque no había sido apercibido de que podría serlo en caso de incomparecencia.

Para defender la posiblidad, rechazada por la consejera, de que declarara por videoconferencia, Gonzalo Boye llegó a afirmar que "Puigdemont no ha sabido hasta el último momento que no podría venir, por si se aplicaba la ley", en referencia a la de la amnistía. La declaración por videoconferencia fue pedida por varios demandados, entre ellos, el exconseller Lluís Puig.

Y ello, pese a que la proposición de ley solo ha sido presentada en el Congreso ni siquiera ha sido admitida por la Mesa de la Cámara, como recordó uno de las defensas, que pidió a la magistrada que su decisión sobre la suspensión de la vista, aunque pueda ser aceptada por economía procesal, haga que "en unos años estén orgullosos" de la decisión adoptada. La acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana y la fiscalía se opusieron a la suspensión. Martín-Granizo recordó que la presentación de una proposición de ley no se encuentra entre las causas previstas para ello en la ley de enjuiciamiento civil.

Plazo para conclusiones

La consejera anunció que una vez que se pronuncie sobre la suspensión del procedimiento solicitado, dará en su caso un plazo a las acusaciones para presentar sus conclusiones. También debe aún resolver los recursos de reposición presentados contra la negativa a que Puigdemont declare por videoconferencia, pese a lo que improbable que es que lo declare, sobre todo una ve que decidió seguir adelante con la vista de realización de pruebas.

Ello supuso empezar a escuchar a los testigos. La primera en hacerlo fue la interventora general del Estado, María Luisa Lamela, llamada como testigo a propuesta de varios demandados, entre ellos Puigdemont, cuyo abogado le preguntó si el expresidente catalán firmaba los gastos de la Generalitat cuando los controló el Estado, en el otoño de de 2017. La testigo respondió que lo que hacía el Estado era pagar directamente a los acreedores de la Generalitat, según llegaban firmados por la interventora general de la Generalitat, pero que entre sus competencias no estaba analizar esos gastos y tampoco tendría capacidad para hacerlo.

El abogado le preguntó si el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mentía al decir que ni un euro de Cataluña se destinaría al referéndum ilegal del 1-O. La pregunta fue declarada impertinente por la consejera, porque la testigo no había venido a dar su opinión, sino a declarar sobre lo que supiera. También rechazó la pregunta relativa al Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular fue Carmen Lamela, que es su hermana.

También declararon el hombre de las cajas catalanas en el Diplocat y un profesor que firmó un acuerdo con la Generalitat, incluido entre los gastos supuestamente indebidos en los que han podido incurrir los 35 encausados por los que Sociedad Civil Catalana reclama más de cinco millones de euros y la fiscalía, 3,1 millones.