El Parlament rechazó el traspaso de las competencias en inmigración que propuso Junts

De los siete puntos acordados entre Junts y el PSOE, que permitieron finalmente salvar los primeros decretos de Pedro Sánchez de esta legislatura, el más llamativo y del que más se enorgullecen los posconvergentes es el traspaso de competencias de inmigración. Sin embargo, se trata de una demanda que no tienen el aval del Parlament. Los posconvergentes sometieron a votación esta propuesta durante el debate de política general del pasado mes de septiembre y solo consiguieron el sí de sus 32 diputados. Los Comuns se abstuvieron -al estar de acuerdo con tener "más autogobierno", pero no con el "enfoque" de la propuesta, mientras que el resto de partidos votaron en contra. A pesar de tener motivos diferentes, rechazaron la petición PSC, ERC, la CUP, Vox, Ciutadans y el PP.

Concretamente, el texto de los posconvergentes "exigía" al Gobierno la transferencia de estas competencias y de los "recursos necesarios" con el argumento de "gestionar eficazmente" el "auge" de inmigración y "garantizar la mejor integración posible de todas las personas ante el reto demográfico" actual. En este sentido, recordaban que la tasa de inmigración en Catalunya es la más alta de todo el Estado, con un 16,2%, y denunciaban que este hecho resultaba un "sobreesfuerzo económico y humano para la administración catalana", sin tener los "recursos correspondientes para afrontarlo".

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El resultado negativo de esta votación contrasta con uno de los puntos del acuerdo alcanzado entre socialistas y posconvergentes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, en el que las dos formaciones se comprometían a que los pactos respondieran "a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña", al que se referían como representante "legítimo del pueblo de Catalunya". Además, el anuncio de este traspaso de competencias no ha gustado a la Generalitat, especialmente por las formas. El Govern considera que es un pacto que les incumbe, en el que no solo no han tenido voz, sino del que ni siquiera fueron informados.

De momento, sin embargo, no se conocen los detalles del alcance de este acuerdo, que deberá concretarse en una nueva ley que apruebe el Congreso, mientras sobrevuela la duda de si realmente tendría encaje constitucional. Los posconvergentes van a máximos y piden que la Generalitat tenga las competencias "que tiene cualquier estado". Según ellos, esto incluye el reparto de los permisos de residencia o de trabajo, el control sobre los "flujos" o hasta la posibilidad de "expulsar" inmigrantes multirreincidentes. 

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