Las enmiendas tratan de salvar a todos los implicados en el 'procés' e impedir el freno de los jueces

Desde que el 9 de noviembre el Grupo Parlamentario Socialista registró la proposición de ley de amnistía, las fuerzas parlamentarias han estado trabajando con un objetivo claro: ampliar al máximo los supuestos que se verán beneficiados por el perdón del 'procés' y al mismo tiempo eliminar los resquicios que los jueces que tengan en sus manos procedimientos afectados por esta norma puedan tener a la hoara de ejecutarla, para lo que han incluido una mención expresa a las consultas al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así se desprende de las nueve enmiendas pactadas entre PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y el diputado de BNG, en las que se recogen en detalle los delitos incluidos en la amnistía, sin modificar sustancialmente lo referido a terrorismo, que solo afecta directamente a las dos causas que se siguen en la Audiencia Nacional: la de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos y la de Tsunami Democràtic, en la que el juez Manuel García-Castellón sustancia la acusación de terrorismo en el bloqueo del aeropuerto de El Prat y la muerte por un infarto de un turista francés.

De esta forma, lo que se incluye entre los delitos excluidos de la amnistía "son los dirigidos contra la Comunidad Internacional comprendidos en el título XXIV del Código Penal" para mencionar el genocidio, aunque no haya ninguna causa abierta por este delito de las afectadas por el perdón. En cuanto a los actos "tipificados como delitos de terrorismo" mantiene la fórmula de, "siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017", que sanciona los casos más graves. Ni en CDR ni en Tsunami hay posibilidad de que el Supremo dicte sentencia antes de la promulgación de la ley, lo que permite que ambos procedimientos sean perdonados.

Las enmiendas pactadas entre los diputados de los cuatro grupos también incluyen en el artículo 1, en el que se describe el ámbito objetivo de aplicación de la ley, el catálogo de conductas incluidas en el perdón que son las realizadas "entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones ejecutadas entre estas fechas en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración".

El texto explica que "se incluye la expresión 'en el contexto del denominado proceso independentista catalán' a fin de contribuir a dotar de mayor coherencia y taxatividad al conjunto de conductas amnistiadas". También suprime el término “directamente” relacionadas con las consultas, "para dotar de mayor coherencia al conjunto de las conductas amnistiadas", lo que permitirá ampliar las posiblemente afectadas.

En otra enmienda se añade la amnistía de "los actos de desconsideración, o crítica o agravio vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, los entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, incluidos los actos llevados a cabo a través de la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicación social, de internet o mediante el uso de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes, así como en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas o educativas u otras de similar naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Cataluña o la celebración de las consultas o prestar público apoyo a quienes hubieran ejecutado los actos amnistiados con arreglo a esta ley".

Sin esperar al TC o a Europa

El texto pactado por la mayoría de los grupos -aunque para salir adelante necesitaría también el apoyo de Junts- deja negro sobre blanco que la consulta de dudas de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o por el derecho de la Unión al TJUE no impiden que el juez anule las órdenes de detención o las medidas de prisión fijadas en los procedimientos bajo su jurisdicción.

El artículo dedicado a la aplicación del derecho penal incluye, según esta propuesta, la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución y en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", en los que se recoge el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y de prejudicales. A continuación se establece que "el órgano judicial competente que, en cada momento, esté conociendo de la causa ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión ya sea por haberse decretado su prisión provisional o en cumplimiento de condena".

También se modifica ligeramente el apartado relativo a que "en el momento de la entrada en vigor de esta ley, el órgano judicial que, en cada momento, esté conociendo de la causa procederá a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención". El texto original decía que esas órdenes "quedarán", así que la redacción busca ser más taxativa para los magistrados que la tienen que aplicar.

Sin pactar

En las enmiendas que ERC presenta sin pactar con otros grupos incluye una que no ha sido apoyada por el PSOE, similar a la de Junts, que en su caso busca exonerar a la dirigente republicana Marta Rovira. Esta es, junto con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, uno de los políticos catalanes incluidos en la exposición razonada que el juez Manuel García-Castellón elevó por terrorismo al Tribunal Supremo.

Los republicanos no han conseguido el refrendo de otras propuestas, como la que pretendía impedir que el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pudiera paralizar la aplicación de la medida de gracia. Con ello buscaba evitar que no solo los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad puedan parar la amnistía, sino que el tribunal de Luxemburgo frene la ley. 

También en consonancia con Junts, ERC propone, también sin el apoyo del PSOE, que las multas impuestas por protestas y manifestaciones por las comunidades autónomas competentes en materia de mantenimiento de la seguridad ciudadana sean devueltas. De ahí que la exposición de motivos de la proposición de ley presentada determinara que la amnistía “no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares”.

Ante una inaplicación directa

En sus enmiendas, Junts también alude a la posibilidad -aunque lo considere improbable- de que los jueces acudan a una "vía radical" para no aplicar directamente la ley de amnistía, eludiendo incluso tener que acudir al TJUE mediante una cuestión prejudicial. Se trataría, en todo caso, de una decisión sin precedentes conocidos pero que desde Junts pretenden evitar añadiendo una disposición adicional a la ley "para mayor seguridad jurídica" y evitando "descartar ninguna hipótesis". 

Para conjurar este riesgo proponen incluir una alusión a la discorformidad de los jueces "con la jurisprudencia" del tribunal europeo, en la norma para que la suspensión del procedimiento no impida la reforma de las decisiones judiciales referidas a detención, prisión o procesamiento, así como cualesquiera otras medidas restrictivas de derechos.

Los de Puigdemont también quieren ampliar el ámbito temporal de la amnistía un par de meses. Si la proposición de ley ponía el límite inicial el 1 de enero de 2012, se propone adelantar esa fecha al 1 de noviembre de 2011 para incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas "de una u otra forma" tanto a la consulta la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Otras enmiendas hablan, sin citarlo, al presunto 'lawfare', al aludir al "uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes". Apuntan en este punto los de Junts a las causas de los CDR y la de Tsunami Democràtic, en la que la implicación del expresident Puigdemont depende aún del análisis del Tribunal Supremo. Concretan que no se debería excluir a quienes sean condenados por depósito y tráfico de armas en el marco de estas investigaciones.

Responsabilidad contable

Entre los delitos a concretar dentro de la amnistía, Junts pretende asegurar aún más el archivo de cualquier procedimiento por responsabilidad administrativa o contable abierto a raíz del proceso independentista. El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender el procedimiento en curso por 1-O y la acción exterior, pese a la inminente amnistía, porque aún no ha entrado en vigor y puede ser modificada en el trámite de enmiendas.

De cara a lo que finalmente dictamine el Tribunal de Cuentas quieren que quede por escrito la extinción de las responsabilidades civiles y contables que aún "estén siendo objeto de procedimientos tramitados" ante dicho órgano. 

Los amnistiados, según Juns deben ser también aquellos que hayan asesorado o colaborado con el proceso independentista, aunque no tengan vinculación directa con el mismo. Tratan de evitar así que los efectos de la ley puedan verse limitados por determinadas interpretaciones judiciales. Se incluye la prevención de que los actos en cuestión “no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".