La fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Pisarello y Asens por la quiebra del proyecto Open Camp

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra de admitir la querella presentada por un empresario contra los diputados Gerardo Pisarello y Eloi Badia, así como contra el abogado y exparlamentario Jaume Asens y Marta Carranza, comisionada municipal de Deportes entre 2015 y 2019, por la quiebra de Open Camp, pese a haber firmado un acuerdo con el gobierno municipal previo a la llegada de En Comú Podem al Ayuntamiento de Barcelona para la explotación de un parque temático en el Anillo Olímpico, informaron a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas.

La querella argumenta que la decisión del equipo de Ada Colau, cuando asumió la alcaldía barcelonesa, de renunciar al proyecto, lo que acabó suponiendo la quiebra de la empresa, fue constitutivo de los delitos de amenazas, coacciones, extorsión, falsedad documental cometida por autoridad, fraude funcionarial, prevaricación y financiación ilegal. No obstante, la fiscalía no ve indicios suficientes como para que el Supremo inicie una investigación contra los aforados.

Con ese informe en la mano, el magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal Eduardo de Porres propondrá a sus compañeros de la Sala Segunda la admisión o el rechazo de la querella interpuesta por la empresa Gaudí Innovation SLU, que considera a los querellados "causantes de la pérdida total y absoluta del activo patrimonial y valor empresarial" que tenía como "propietaria de la mayoría de las participaciones sociales de la quebrada y extinta empresa Open Camp", cuyo objeto social era localizar y gestionar parques temáticos del mundo dedicados al deporte y a la tecnología asociada; el primero se instaló en el Anillo Olímpico de Barcelona.

Suplicatorio del Congreso

En el caso de que su propuesta pase por la admisión a trámite al considerar que los hechos denunciados presentan caracteres de delito, la Sala Segunda debería cursar un suplicatorio al Congreso para poder investigar y en su caso juzgar a los que siguen siendo diputados. Una práctica habitual del Supremo es ofrecerles la oportunidad de declarar voluntariamente antes de cursar la autorización oficialmente, para propiciar el archivo si sus explicaciones convencen la magistrado, o simplemente adelantar tiempo en la tramitación de la causa.

La querella, de 144 páginas, recalca como surgió en 2013 el proyecto, cuando el encabezaba el consistorio Xavier Trias (Junts). Barcelona de Serveis Municipals (BSM) y Open Camp firmaron un contrato para la gestión y explotación de parque temático del deporte en el Estadio Olímpico de Barcelona. El proyecto se presentó oficialmente en julio de 2014 y los empresarios buscaron financiación por 16.642.431 euros a través de préstamos.

Los problemas surgen en 2015 cuando llega al poder municipal el partido de Ada Colau, con objetivos totalmente contrarios al anterior equipo. En campaña ya situaron el Open Camp para el Anillo Olímpico entre "los proyectos contrarios al bien común" que había que detener.

Voluntad destructiva

"A partir de esta explícita y categórica manifestación de voluntad destructiva -preludio del hostigamiento y persecución a la que iba a ser sometido el parque temático y la empresa Open Camp durante más de tres años hasta su destrucción-, la autoridades municipales querelladas tramaron, orquestaron y ejecutaron un deliberado plan delictivo dirigido a impedir y 'detener la actividad' empresarial del parque temático, y, como consecuencia, acabar con la joven empresa creada para desarrollarlo", señala el texto al que ha tenido acceso este diario. La querella cifra en 252 los trabajadores afectados y denuncia que todo ello acabó arruinando a los "pequeños promotores particulares de esta innovadora iniciativa".

Añade que desde BSM "se negó rotundamente a mostrar el más mínimo 'soporte explícito" al proyecto, lo que condujo a que las entidades dependientes de la Generalitat que habían realizado préstamos millonarios para sacar adelante el proyecto los retiraran. La querella también denuncia la presunta apropiación por el Consistorio del proyecto de innovación tecnológica relacionada con el deporte desarrollada por Open Camp y que pasaron a controlar desde la selección de personal, a través de empresas municipales, como el contenido de exposiciones.

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