Caso Koldo
El Gobierno balear señala que las mascarillas fraudulentas que compró Armengol iban destinadas originalmente a otra administración
El anterior subdirector de Compras y Logística envió un correo interno informando de esta situación, según apuntan desde el Ejecutivo de Prohens
"Cuando ofrecen el cargamento, el avión ya está saliendo o en el aire, desconocemos por qué no se concretó el pedido hacia la otra administración", defienden desde el actual Servicio de Salud
El lote de mascarillas fraudulentas, guardadas en un almacén del IB-Salut. / CAIB / DM
Andrés Martínez
El Gobierno balear de Marga Prohensseñala que las mascarillas fraudulentas que compró el anterior Ejecutivo de Francina Armengol iban destinadas originalmente a otra administración pública, quién habría rechazado dicho material sanitario por no cumplir con los estándares de calidad. En este sentido, el subdirector de Compras y Logística durante la pandemia, Antonio Mascaró Crespí, habría enviado un correo interno donde aseguraba que el pedido de los cubrebocas vinculado a la trama Koldo estaba realizado por otra administración, sin especificar ninguna en concreto, aunque finalmente llegó a Baleares.
Así lo afirmó el actual director del Servicio de Salud, Javier Ureña, en relación al expediente de reclamación de los 2,6 millones de euros de sobrecoste que está gestionando el actual Ejecutivo. "Una de las circunstancias a las que se hace referencia en estos correos y que es importante es que este pedido original y por eso ese envío estaba en marcha lo hace otra administración pública.Cuando ofrecen el cargamento del avión, el avión ya está saliendo o en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid. Desconocemos los motivos de por qué no se concretó ese pedido y cuál es la otra administración", defendió Ureña.
Subdirector de compras y logística
Asimismo, cabe señalar que, según apunta el director de Salud, dicho correo interno fue firmado por parte de Antonio Mascaró, el anterior subdirector de compras y logísitica responsable de emitir un certificado a la propia empresa en agosto de 2020, una vez ya se había comprobado que las mascarillas eran fraudulentas, donde se aseguraba que el contrato por valor de 3,7 millones de euros firmado se había resuelto "de manera satisfactoria y sin tener conocimiento de ninguna incidencia".
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