Fiscalía

El Consejo Fiscal respalda al jefe Anticorrupción frente a la fiscal del caso del despacho que fundó Montoro

Sólo un vocal votó en contra de que se haya retirado a García Cerdá de parte de la la investigación, relacionada con una presunta revelación de secretos

La entrada a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, en una imagen de archivo.

La entrada a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, en una imagen de archivo. / EFE

Cristina Gallardo

El Consejo Fiscal celebrado esta semana respaldó de forma casi unánime al jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, con respecto a la investigación judicial que se mantiene en secreto desde 2018 de las actividades presuntamente delictivas del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, de la que ha venido informando El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario. Todos los vocales, con excepción de Salvador Viada -representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-- votaron a favor de su decisión de apartar a Carmen García Cerdá de parte de las pesquisas, que estarían relacionadas con un presunto delito de revelación de secretos por el uso por parte de este despacho de sus influencias en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a sus clientes

La decisión ha contado con el apoyo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortizque ha votado con la mayoría como presidente de órgano consultivo, que es al que corresponde validar cuando un superior jerárquico "avoca" para sí o designa a otro fiscal para un asunto concreto que llevaba inicialmente otro compañero, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 23. Sin embargo, este asunto no se tramitó como "avocación", sino como queja particular de la afectada.

En el curso de la reunión, según fuentes del Consejo consultadas por El Periódico de España, se discutió la solicitud de García Cerdá de discutir la decisión de su jefe por los "profundos y dilatados desencuentros" surgidos entre ambos. Pero salvo Viada, la mayoría consideró que la decisión de Luzón se enmarcó en el "legítimo control de la jefatura bajo los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación". 

 La decisión de Luzón se produjo después de que la fiscal García Cerdá, designada en la investigación sobre el despacho que desarrolla el juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, recurriera a un artículo previsto en el propio Estatuto Fiscal para mostrar su discrepancia con las órdenes iniciales de su jefe de no practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa. 

Estos correos hacen referencia a la situación fiscal de distintas personas, algunas de ellas de relevancia pública, como son la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exministro de Economía Rodrigo Rato, o el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero; así como de particulares como el periodista de ABC Javier Chicote. La postura de la fiscal del caso, sin embargo, no se vio respaldada por sus compañeros, ya que tan solo cuatro de ellos defendieron su criterio frente a los 19 que respaldaron la postura del jefe Anticorrupción.

Investigación interna

Del Consejo Fiscal, presidido por Álvaro García, forma también parte la jefa de la Inspección fiscal, María Antonio Sanz, que el pasado mes de noviembre abrió diligencias informativas contra la fiscal Carmen García Cerdá por una supuesta falta muy grave de desobediencia respecto a las órdenes dadas por su jefe en la causa. A día de hoy, la decisión sobre este expediente, que puede concluir en sanción, está en manos del promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix.

La causa contra equipo Económico --la segunda que se abre contra el despacho, tras la investigación sobreseída en 2019 por un juzgado de Madrid--, investiga si las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una trama u organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)". 

No obstante, la documentación incautada en el curso de las pesquisas hace sospechar a los investigadores que la actividad presuntamente delictiva podría haberse repetido en el caso de otros clientes del despacho, y la investigación se encontraba a expensas de que se analice toda esa información antes de que se produjeran las decisiones de Luzón con respecto a su subordinada.