El fiscal general defiende ante los abogados que la información sobre la pareja de Ayuso salvaguardó el deber de reserva

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha dirigido este lunes al Consejo General de la Abogacía Española, el órgano que representa a todos los colegios de abogados de España, para explicar la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid respecto de la denuncia presentada contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos contra Hacienda y falsedad documental.

En su misiva a la presidenta de esta organización, Victoria Ortega, defiende que la "nota informativa" en la que se daba cuenta del ofrecimiento de un pacto por parte de la defensa del empresario salvaguardó el deber de reserva y no afecta al derecho de defensa.

De este modo, sale al paso de la polémica suscitada por el contenido de dicha información, que mereció un severo reproche por parte del Colegio de la Abogacía de Madrid y obligó a una reunión de urgencia el pasado viernes, en la que los letrados rechazaron un comunicado conjunto que zanjara la cuestión. Este mismo lunes los abogados madrileños reúnen a su Junta de Gobierno para tratar el asunto, y después han convocado a la prensa para anunciar las acciones que podrían emprender.

En la carta, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, García Ortiz defiende que es "incontrovertiblemente alejado de la verdad" que el objetivo y voluntad de la Fiscalía "pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal". Por parte del CGAE se ha señalado a este diario que no habrá respuesta a esta carta el lunes, y que el viernes se tratará previsiblemente este asunto en el Pleno que celebrará esta institución.

"Indeseable filtración"

Así las cosas, García Ortiz entiende que en la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid "solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales", cuya "profesionalidad y honorabilidad" debe "proteger y defender" como fiscal general.

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El jefe del Ministerio Público responde así a la "declaración institucional en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad" que el Consejo General de la Abogacía Española adoptó el pasado viernes en relación con la denuncia de la Fiscalía contra González Amador. Concretamente, señalaba que el contenido de la nota suponía "una clara vulneración de la garantía de confidencialidad" entre las partes y reclamó una investigación "para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda".

Pacto de 8 páginas

Sobre la reunión del viernes cel fiscal general reconoce que se pusieron de manifiesto "dos interpretaciones antagónicas", si bien desde la Fiscalía General se pretende "mirar al futuro y buscar soluciones de consenso". En este punto, niega que el interés de la Fiscalía sea el de interferir en las "sagradas relaciones abogado-cliente" y aporta un dato hasta ahora desconocido, que el mail en el que el pasado 2 de marzo el abogado Carlos Neira realizaba su propuesta de conformidad a la Fiscalía se extiende a lo largo de 8 páginas. 

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El contenido de dicha comunicación, recuerda, no fue comunicado en su "nota informativa" por la Fiscalía. Finalmente, alude a la oportunidad de que puedan revisar los sistemas de seguridad para evitar filtraciones mediante la implantación de las herramientas informáticas adecuadas.