Suspendida la vista en la que la defensa de los CDR apelaba a la amnistía para anular su juicio por terrorismo

La Audiencia Nacional ha suspendido la vista en la que la defensa de los presuntos miembros de una célula terrorista de los Comités de Defensa de la República (CDR) tenía previsto argumentar este lunes la necesidad de anular el procedimiento y evitar el juicio por terrorismo, en el que ocho de los 12 acusados se enfrentan a una petición fiscal de 27 años de cárcel. Con la suspensión se dará tiempo a defender sus alegaciones contra el procedimiento a uno de los abogados defensores, que por problemas de salud se encontraba de baja médica.

Pese a la suspensión de la vista del artículo de previo pronunciamiento planteado por las defensas para tratar de evitar el juicio por terrorismo y tenencia y fabricación de sustancias susceptibles de convertirse en explosivas, el abogado de nueve de ellos, Xavier Monge, tuvo tiempo de alegar la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar "cortes de carreteras y vías de tren en el marco de huelga general", cometidos por los CDR.

Tras negar que se pudiera considerar terrorismo "colgar muñecos en autopistas", se refirió al principal argumento de las defensas para pedir la nulidad de las actuaciones: la inminente promulgación de la ley de amnistía, lo que calificó de "notorio". "La cuestión es si a día de hoy se puede obviar que en seis semanas estará en el BOE y obligará al archivo sin llegar a juicio. ¿Vamos a seguir como si oyéramos llover? ¿Con derroche de esfuerzos y recursos?", señaló, informa Europa Press.

El abogado recordó que por ese motivo ya se habían suspendido juicios en Catalunya y defendió que la prudencia aconsejaba “esperar unos días para saber si entramos en el quirófano”. La fiscalía, representada por el fiscal Vicente González Mota, se opuso a la suspensión, pero el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, entendió que, aunque no hubiera motivo para aplazar la vista era más garantista hacerlo a la espera de la recuperación del abogado de Alexis Codina, por lo que acordó su suspensión.

Terrorismo por camisetas

Al abandonar la Audiencia, uno de los acusados, Eduard Garzón, defendió ante los medios su inocencia y aseguró que él estaba acusado de terrorismo por tener en su domicilio una estelada, un panfleto contra la represión del referéndum ilegal del 1-O y por haber vendido camisetas por las que, según él, le acusan de financiar el terrorismo, aunque ese delito no figura como tal en el escrito de acusación redactado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha abandonado la Audiencia Nacional al asumir la jefatura de la Fiscalía de Ciudad Real. El acusado se mostró prudente respecto a la aplicación en su caso de la amnistía, porque señaló que no confía en la cúpula judicial española.

Por su parte, la abogada de Alerta Solidària Eva Pous insistió en la inminente promulgación de la amnistía y recordó que el fiscal adscrito inicialmente al caso no apreciaba terrorismo en la protestas convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic en octubre del 2019, tras conocerse la sentencia del 'procés'. Estos dos procedimientos son los que han plantado más problemas para estar incluidos en la ley de amnistía, al tratarse de terrorismo.

A diferencia de en Tsunami, el ministerio público siempre ha apreciado indicios de terrorismo en la causa de los CDR. En su escrito de conclusiones provisionales pide penas de 8 y 27 años de prisión para los acusados. Considera que todos ellos incurrieron en un delito de pertenencia a organización terrorista y a ocho de ellos les suma también los de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.