Casi cuatro años después, Italia comienza a juzgar este jueves a los presuntos responsables de la tragedia del Viaducto Morandi o Ponte delle Condotte de Génova. El 14 de agosto de 2018, a las 11:36 horas, decenas de coches y camiones caían al vacío tras derrumbarse el concurrido y mal conservado puente, y 43 personas fallecían, entre ellos cuatro niños. Un trágico accidente, símbolo de la decadencia de Italia, país que vuelve a revivir esta tragedia en medio de otra crisis política que hace peligrar la supervivencia de su Gobierno.

En el juicio que se abre, cuya primera vista se celebrará en la importante ciudad de Liguria (noroeste), hay 59 imputados que han sido acusados de delitos como homicidio múltiple culposo, homicidio vial, desastre, ocultación de documentos oficiales, y omisión dolosa de precauciones para garantizar la seguridad. Entre los que se sentarán en el banquillo figuran principalmente directivos y técnicos de la empresa Autostrade, y de su filial Spea, que se encargaba del mantenimiento.

Pero también han sido incluidos en la lista algunos funcionarios públicos, entre ellos oficiales del ministerio de las Infraestructuras italianas. A estos últimos se les acusa de conocer el estado del puente y por lo tanto, no impedir el accidente, tal como llegó a decir Walter Cotugno, uno de los fiscales del caso. Según él, el puente Morandi, cuya construcción finalizó en 1967 y que discurría sobre la autopista A1 -una de las más importantes de Italia-, era antes de la tragedia “una bomba de relojería” y lo único que no se sabía es “cuándo explotaría”. Los imputados “eran conscientes de que se corría el riesgo de un colapso”.

Cimientos inestables

Una de las pruebas aportadas en el juicio son los múltiples análisis de ingenieros, publicados varios años antes del derrumbe, que alertaban de la peligrosidad de la infraestructura y sugerían su demolición. Otros estudios continuaron señalando la fragilidad de sus cimientos en los meses anteriores al accidente.

Con ello, la fiscalía ha considerado que, para “preservar las ganancias” de los accionistas, no se quiso financiar el mantenimiento que se requería. “Entre la inauguración del puente en 1967 y el derrumbe, no se realizaron las más mínimas acciones para reforzar los tirantes del pilar número 9”, han escrito.

La defensa lo niega

Los abogados de la defensa lo han rechazado. Giovanni Paolo Accinni, defensor de Giovanni Castellucci (entonces consejero delegado de Autostrade), ha dicho que su cliente no tiene “ninguna responsabilidad penal”. “El puente se derrumbó a causa de un vicio de construcción oculto”, ha sostenido Accinni.

Castellucci renunció a su cargo en 2019 con una pensión de 13 millones de euros, mientras que la compañía Autostrade -antes vinculada a la familia Benetton, que luego cedió su parte al Estado- no se sentará en el banquillo al haber alcanzado un acuerdo con la fiscalía, que implicó el pago de unos 30 millones de euros en concepto de indemnización.

Las víctimas buscan justicia

En este escenario, una familia de las víctimas ha renunciado de momento a su indemnización para no perder la posibilidad de presentarse como parte civil en el juicio. “Nuestras expectativas son muchas. Confiamos en que con este proceso se haga justicia, que se aclaren las causas y las responsabilidades que han llevado a la muerte de nuestros familiares”, ha explicado a medios italianos desde Génova la presidenta del comité de familiares de las víctimas, Egle Possetti.

“Lo ocurrido fue solo la punta del iceberg. No solo el Puente Morandi tenía todos esos problemas, si no todas las infraestructuras del país”, ha añadido Possetti. “Este es uno de los juicios más importantes de la historia de Italia, por el número de acusados y la magnitud de la tragedia”, ha añadido Raffaele Caruso, abogado de las víctimas.

El caso volverá a abrir heridas aún sin curar en Italia, que arrastra problemas tras años de recortes y mala gestión de su patrimonio estatal, provocados también por el sinfín de riñas políticas que los italianos tienen que soportar cíclicamente. Tanto es así, que incluso en estos días el actual Gobierno de Mario Draghi pende de un hilo después de que una escisión interna a uno de los partidos de su coalición, el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S).